La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por mayoría de votos, diversas disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua que contemplaban la pérdida del registro o cancelación de candidaturas por infracciones relacionadas con violencia, crimen organizado y otras conductas ilícitas.Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026 —promovidas por legisladores, Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua—, el Pleno determinó que algunas normas aprobadas por el Congreso local vulneraban principios constitucionales.Entre las disposiciones anuladas estaba la posibilidad de retirar el registro a candidaturas vinculadas con actos de violencia, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida que afectaran una elección. La mayoría consideró que este esquema violaba el principio de proporcionalidad, al impedir individualizar las sanciones y valorar las circunstancias de cada caso.La Corte también invalidó la norma que permitía responsabilizar a una candidatura por obtener un beneficio derivado de actos cometidos por terceros. El criterio establecido señala que el beneficio obtenido por una persona candidata como consecuencia de acciones de terceros no genera por sí mismo responsabilidad administrativa; para imponer una sanción debe acreditarse una conducta irregular atribuible directamente a la candidatura. La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de esta determinación.La resolución fue emitida el 29 de septiembre de 2026 y derivó de la impugnación contra cambios a la Constitución local, la Ley Electoral de Chihuahua y el Código Municipal incluidos en los decretos 557 y 558 de este año, aprobados por la mayoría del Congreso estatal.Un día antes de la discusión en el máximo tribunal, la gobernadora Maru Campos había defendido públicamente las disposiciones destinadas a combatir la intervención de organizaciones criminales en las elecciones. “En Chihuahua hicimos lo que ningún otro estado del país se había atrevido a hacer: establecer en nuestra ley que una elección se anula si en ella interviene el crimen organizado, y que no puede competir quien tenga vínculos con la delincuencia”, sostuvo la mandataria.Tras conocerse el fallo, la gobernadora acusó directamente a Morena de haber litigado para tumbar el blindaje electoral. “A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura”, declaró Campos Galván. “Hay que decirlo con nombre: el responsable es Morena, el partido que votó en contra de blindar las elecciones y después litigó para tumbar el blindaje. No lo digo yo: está en las actas del Congreso y en el expediente de la Corte”.La mandataria sostuvo que la invalidez dictaminada por los ministros desprotege la contienda política ante el financiamiento ilícito, aunque aseguró que su administración acatará el fallo institucional.El Pleno también determinó que el Congreso de Chihuahua debe armonizar su legislación con la reforma al artículo 41 de la Constitución federal, que incorporó como causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera, modificación federal publicada durante 2026. El Poder Legislativo local deberá establecer las reglas aplicables cuando este tipo de intervención tenga efectos en una elección.Al mismo tiempo, la Corte mantuvo la posibilidad de invalidar comicios afectados por delincuencia organizada sistemática y determinante: para ello, las conductas deben ser graves, dolosas y determinantes para el resultado de la votación. Las disposiciones invalidadas, sin embargo, ya no podrán operar en los términos establecidos por la reforma impugnada.La discusión ocurre en la antesala de las elecciones de 2027, cuando Chihuahua renovará su gubernatura, y en un contexto de recurrentes señalamientos sobre la influencia del crimen organizado en los procesos electorales del país.
