En México, se está preparando un mecanismo para blindar el proceso electoral de 2027 contra el crimen organizado, a través de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral. Esta comisión podrá consultar a varias instancias gubernamentales sobre el pasado de los aspirantes a cargos públicos. Sin embargo, el problema radica en que solo se verificará al candidato, sin examinar a su equipo de campaña, que puede estar compuesto por decenas o cientos de personas que manejan el dinero, el territorio y la logística de la campaña.
La historia reciente del país muestra que el financiamiento ilícito de campañas y la infiltración territorial suelen ocurrir a través de la tesorería de campaña y el mando medio que organiza el territorio, y no directamente a través del candidato. Por lo tanto, ignorar a este segundo círculo de personas puede ser una negligencia de diseño que permita la captura de instituciones de gobierno por parte del crimen organizado. La voluntariedad de la revisión también es un problema, ya que los partidos políticos pueden no solicitarla si no quieren saber sobre el pasado de sus candidatos o equipos de campaña.
Además, no existe un catálogo de responsabilidades y sanciones para los partidos que ignoren señales de riesgo sobre sus candidatos o equipos de campaña. Esto significa que, incluso si se descubre que un coordinador de campaña tiene vínculos con el crimen organizado, no habría consecuencias jurídicas para el candidato o para terceros que no aparecen en la boleta. Esto puede permitir que el crimen organizado siga infiltrándose en las instituciones de gobierno, lo que puede tener graves consecuencias para la democracia y la seguridad en México.
