La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene abierta la consulta pública de los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” desde el 27 de julio hasta el 21 de agosto de 2026. Estos lineamientos aplicarán a los concesionarios de radio y televisión, y buscan regular los contenidos de los medios de comunicación. Sin embargo, el debate se ha centrado en una pregunta binaria: ¿censura sí o no? Esta pregunta es demasiado simplista y no aborda el tema de manera adecuada.
La correcta pregunta es institucional: ¿qué tan alto debe ser el estándar para que un regulador estatal se pronuncie sobre el contenido de un medio, y qué tan independiente debe ser ese regulador del Ejecutivo para que esa facultad no despierte sospecha? El derecho de audiencias no es nuevo, ya que existe en la Constitución desde 2013 y se desarrolló en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014. El entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió sus propios lineamientos en 2016, que un año después el propio Gobierno de Peña Nieto impugnó y el Senado eliminó de la ley.
La CRT no está creando una facultad nueva, ya que los Lineamientos emitidos en 2016 ya facultaban al IFT para pronunciarse sobre contenido, supervisar de oficio y sancionar. Lo que cambió es quién ejerce esas facultades, un órgano autónomo en 2016, una comisión subordinada al Ejecutivo en 2026. Es importante destacar que México no es el único país que regula a la radiodifusión. Estados Unidos y Reino Unido también regulan a sus emisoras, pero la diferencia está en los detalles. En Estados Unidos, la Federal Communications Commision (FCC) mantiene independencia del poder Ejecutivo y sostiene que “la Comisión no es el árbitro nacional de la verdad”. En Reino Unido, la Office of Communications (Ofcom) mantiene mecanismos de independencia respecto del gobierno en turno y tiene poder sancionador bajo estándares que México no replica. La lección es que ni el estándar más exigente del mundo blinda por completo a un regulador cuya cúpula depende del Ejecutivo.
