‘¿Hay fiscales en Berlín?’: Cossío cuestiona capacidad para investigar delitos como el huachicol fiscal

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, calificó como “histórica” la sentencia de un Tribunal Colegiado del Primer Circuito que ordenó a autoridades militares transferir al Archivo General de la Nación (AGN) información relacionada con la desaparición de la madre de la historiadora Alicia de los Ríos Merino, al considerar que la resolución puede abrir una vía para la consulta de documentos sobre violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción.

Durante su participación en Aristegui en Vivo, Cossío destacó el trabajo de Alicia de los Ríos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para lograr la apertura de archivos relacionados con la llamada ‘guerra sucia’.

“Son las personas que han logrado, con una persistencia, con un dolor enorme, pero han logrado abrir estos archivos que de otra forma seguirían cerrados”, señaló.

El ministro en retiro también consideró que la resolución de las magistradas que concedieron el amparo tiene una dimensión que trasciende el caso particular de De los Ríos.

Cossío recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se encargó a Ignacio Carrillo Prieto una investigación relacionada con la ‘guerra sucia’, a partir de la cual se abrió el acceso a archivos y se realizó un inventario de documentos.

El 28 de febrero de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo mediante el cual se instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública federal transferir al AGN documentación histórica relacionada con violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción.

“Se instruye a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la admisión pública federal, a transferir al archivo general de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción”, dice el primer artículo del acuerdo.

Señaló que una de las principales discusiones jurídicas será determinar qué debe entenderse por “documentos históricos”, debido a que el acuerdo no establece una temporalidad específica.

Sostuvo que incluso el sexenio de López Obrador podría ser considerado parte de la historia para efectos de la aplicación del acuerdo. En ese sentido, consideró que las autoridades no deberían reservar documentación que esté comprendida dentro del acuerdo bajo el argumento de que se trata de información reciente.

Cossío explicó que el problema en el caso de Alicia de los Ríos radica en que la Secretaría de la Defensa Nacional no había transferido al AGN información relacionada con las operaciones realizadas en Guerrero durante el periodo en que ocurrió la desaparición de su madre: “Hay un acuerdo y ese acuerdo los obliga”.

Para el jurista, la resolución podría sentar un criterio aplicable a otros casos relacionados con violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción. “Aquí ya se abre otra dimensión”, afirmó.

Como ejemplos, mencionó información relacionada con el caso Segalmex y el llamado huachicol fiscal. La cuestión, insistió, será determinar qué documentos pueden ser considerados históricos.

Cossío también llamó la atención sobre el artículo cuarto del acuerdo presidencial, que establece que la información transferida al AGN podrá ser consultada por cualquier interesado de acuerdo con el procedimiento establecido por el propio archivo.

Por ello, consideró que la resolución tiene relevancia tanto para el caso particular de Alicia de los Ríos como por las posibilidades de apertura de archivos que puede generar hacia el futuro.

En principio, consideró que, al tratarse de una resolución de un tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, tendría carácter definitivo.

A partir de la sentencia, retomó la expresión “aún hay jueces en Berlín”, utilizada históricamente para describir la existencia de jueces capaces de poner límites al poder. Explicó que la frase proviene de una historia atribuida al rey Federico II de Prusia y un molinero cuyo molino afectaba la vista del monarca desde su palacio en Potsdam.

Según el relato, el rey quiso retirar el molino, pero el propietario acudió a los tribunales en Berlín y los jueces determinaron que no existía una razón jurídica para obligarlo a retirarlo.

Por lo tanto, sostuvo que no debe generalizarse al hablar del Poder Judicial y considerar que todos los jueces están sometidos al poder político.

“Así como creo que no fue justo nunca decir que todos los jueces anteriores eran corruptos o estaban metidos en nepotismo, también es muy injusto decir que todos los jueces ahora están en una condición igual”, afirmó.

Consideró que existen jueces y magistrados que han emitido decisiones relevantes y que se han plantado frente a determinadas posiciones del poder. “Yo creo que esas son las categorías facilonas con las cuales se construyen enemigos y se inventan pretextos”, apuntó.

Mencionó además el caso de un juez que recientemente consideró inconstitucional la reforma judicial, aunque aclaró que una persona puede estar de acuerdo o no con esa determinación.

En el caso de la sentencia relacionada con los archivos de la ‘guerra sucia’, felicitó a las dos magistradas que participaron en la decisión. “Ahora se plantan las dos señoras magistradas que las felicito de veras. Muy importante. Entonces uno dice: ‘bueno, por eso vale la pena seguir discutiendo’”, expresó.

El doctor Cossío habló también sobre su nuevo libro, Reforma judicial en México. Origen y consecuencias, en el que analiza el proceso que llevó a la reforma judicial impulsada por López Obrador.

Recordó que el entonces presidente presentó su iniciativa el 5 de febrero de 2024 y que, desde ese momento, comenzó a darle seguimiento al proceso mediante sus artículos y participaciones públicas.

Explicó que inicialmente partió de la hipótesis de que la reforma respondía principalmente a un objetivo político: incorporar al Poder Judicial a la lógica del movimiento encabezado por López Obrador. Sin embargo, dijo que posteriormente modificó parcialmente esa hipótesis al observar distintos casos de corrupción y las investigaciones o denuncias relacionadas con ellos.

Mencionó entre otros asuntos Segalmex y el huachicol fiscal, y planteó que la reforma también pudo haber tenido como propósito generar un mecanismo de protección frente a eventuales procesos.

“También me parece que se quiso quedar con los jueces como parte de la protección que él estaba buscando por las enormes denuncias”, afirmó.

Cossío sostuvo que esa segunda hipótesis se relaciona con la posibilidad de que el Poder Judicial pudiera convertirse en un mecanismo de blindaje para integrantes del grupo gobernante.

Puso como referencia el caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue procesado judicialmente, y señaló que esa experiencia pudo haber generado una preocupación respecto de la posibilidad de enfrentar procesos similares.

“No sé si esta hipótesis es correcta. Si es una mezcla 50-50, 70-30. Ahí sí ya no lo sabría yo, porque es difícil cuantificar y eso se verá en el tiempo”, reconoció.

El jurista relacionó también la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la hipótesis de una búsqueda de mayor control institucional.

“¿Por qué desaparecer al INAI cuando es un órgano cuya función es proporcionar tal cantidad de información pública?”, cuestionó.

En ese sentido, mencionó también la información financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las presiones relacionadas con la situación financiera de la empresa.

Al abordar la posibilidad de que México pueda investigar y procesar casos de gran magnitud, como el huachicol fiscal, Cossío introdujo una diferencia entre la función de los jueces y la de las fiscalías.

“Puede ser que hubiera jueces en Berlín, pero lo que no sé si haya fiscales en Berlín. Yo creo que este es el problema”.

Explicó que, dentro del sistema penal mexicano, los jueces no pueden iniciar por sí mismos una carpeta de investigación, pues corresponde a las fiscalías la persecución de los delitos.

Por ello, consideró que la pregunta central es si la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales tienen capacidad para investigar y procesar casos que involucren a personas vinculadas con los propios grupos de poder.

“Entonces la pregunta es: ¿hay fiscalías en Berlín?”, planteó.

Como ejemplo, mencionó el caso del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y las declaraciones sobre la existencia o no de una carpeta de investigación en su contra. Señaló que, cuando las autoridades mexicanas no realizan investigaciones, otros países pueden iniciar acciones que tengan efectos dentro de México.

El ministro en retiro sostuvo que la discusión sobre la soberanía mexicana frente a las acciones de EE.UU. debe vincularse con la capacidad del propio Estado para investigar y sancionar delitos conforme a sus leyes.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que México es un Estado soberano, pero señaló que el ejercicio efectivo de esa soberanía requiere que las instituciones mexicanas actúen.

“Si México es un Estado soberano, debía realizar en pleno ejercicio de soberanía las investigaciones conducentes para que se castiguen los delitos que se cometieron conforme a sus propias leyes”, afirmó.

“Yo creo que el acto más soberano que puede realizar hoy México, el más soberano de todos, es aplicar sus leyes. ¿Cómo? A rajatabla”, agregó. “Si no haces tú tu trabajo, es probable que otro quiera hacerlo por ti”, concluyó.