The New York Times reveló que dos agencias policiales de Estados Unidos revisan señalamientos contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. El propio diario aclara que no existe una investigación formal ni una acusación penal en su contra.
Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra bajo revisión de dos agencias policiales de Estados Unidos por señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, de acuerdo con una publicación de The New York Times.
El diario estadounidense señala que obtuvo la información de cinco personas con conocimiento directo de las gestiones, quienes describieron las revisiones que realizan las agencias estadounidenses en torno a los señalamientos relacionados con López Beltrán.
Uno de los puntos centrales del reporte es que las agencias estadounidenses no han abierto una investigación formal contra Andy López Beltrán. Por ello, el reporte no señala que López Beltrán haya sido acusado formalmente de algún delito en Estados Unidos. La información se refiere a una revisión de señalamientos que, según las fuentes citadas por el periódico, son examinados por autoridades estadounidenses.
La diferencia entre una revisión preliminar y una investigación formal resulta relevante: la publicación del New York Times no establece que exista una acusación penal contra López Beltrán.
Según el reporte, las agencias estadounidenses están examinando señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. El tema del combustible se relaciona con el llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que ha sido investigada en México y que involucra el ingreso, traslado o comercialización de combustibles mediante esquemas que buscan evadir impuestos, controles aduaneros u obligaciones legales. El nombre de Andy López Beltrán ya había aparecido anteriormente en información periodística relacionada con investigaciones sobre este tipo de operaciones en México.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) ha rechazado que existan elementos suficientes para establecer una investigación penal contra López Beltrán por los señalamientos relacionados con el huachicol fiscal. La postura de la Fiscalía es importante para contextualizar el reporte estadounidense, ya que la aparición del nombre de una persona en testimonios, documentos o investigaciones sobre terceros no significa por sí misma que esa persona sea imputada o investigada penalmente.
En septiembre también se informó sobre declaraciones de la fiscal general Ernestina Godoy relacionadas con el caso y con la situación jurídica de López Beltrán. La funcionaria negó que existieran órdenes de aprehensión contra el hijo del expresidente y contra el empresario Jorge Amílcar Olán, cuyo nombre también ha aparecido en información relacionada con las investigaciones sobre contrabando de combustible.
La información publicada por The New York Times coloca nuevamente el nombre de Andy López Beltrán en el centro de la atención internacional por un asunto relacionado con investigaciones sobre crimen organizado y combustible. Sin embargo, el propio reporte establece límites sobre lo que puede afirmarse a partir de sus fuentes: las agencias estadounidenses revisan los señalamientos, pero no han iniciado una investigación formal. El dato proviene de cinco personas que, según el diario, tienen conocimiento directo de las gestiones.
Esta precisión es relevante porque no equivale a decir que Estados Unidos haya acusado formalmente a López Beltrán o que exista actualmente un proceso penal en su contra. Hasta la información reportada en este contexto, no se ha dado a conocer públicamente una acusación formal de autoridades estadounidenses contra Andy López Beltrán por crimen organizado o contrabando de combustible.
El reporte significa que los señalamientos que han circulado en México también son objeto de atención por parte de autoridades estadounidenses, de acuerdo con las cinco fuentes citadas por el periódico. No obstante, el alcance de esas revisiones no está definido públicamente y tampoco significa que exista una determinación de responsabilidad penal.
