A un mes de que se cumplan doce años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos, la investigación ha registrado un cambio significativo. El exmandatario de Guerrero, Ángel Aguirre, dejó de ser considerado únicamente como testigo para convertirse en presunto responsable, mientras que se redujo la responsabilidad atribuida al Ejército en los hechos de septiembre de 2014.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, detalló en rueda de prensa que su estrategia se basa en una revisión profunda del expediente histórico. Este nuevo análisis reveló indicios de que Aguirre habría ordenado la destrucción de pruebas para ocultar el paradero de los jóvenes. Durante once años, el político había mantenido su calidad de colaborador en el expediente.
Familiares de las víctimas, como Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, aprobaron la captura del exgobernador. En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la acción legal carece de motivaciones políticas y forma parte de las carpetas integradas con testimonios recabados desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta la actualidad.
Entre las pruebas que presuntamente se ocultaron figuran los videos de las cámaras de seguridad del gobierno estatal. La noche del 26 de septiembre, las cámaras 12 y 15, ubicadas afuera del Palacio de Justicia en Iguala, grabaron la detención del autobús “Estrella de Oro” número 1531 por parte de policías municipales y estatales. Este material, que no fue considerado en gestiones anteriores, representa una pieza clave en las nuevas líneas de investigación.
