Organizaciones feministas advirtieron que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría facilitar la reclasificación de feminicidios como homicidios.
Además, podría debilitar las herramientas de investigación construidas durante las últimas dos décadas.
El señalamiento se concentra en el artículo 10 de la propuesta, que establece que, si no se acredita el feminicidio, “se aplicarán las reglas del homicidio”.
Para las organizaciones firmantes, esa disposición representa uno de los mayores riesgos del proyecto porque podría consolidar en la legislación una práctica que han identificado durante años como una vía de impunidad, la de iniciar una carpeta por feminicidio y terminar investigando o procesando el caso como homicidio.
La iniciativa no solo omite poner un candado a esa puerta, la escribe.
En un posicionamiento dirigido a Sheinbaum y al Congreso de la Unión, las organizaciones recordaron que la iniciativa también establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, incluso cuando el caso aparente ser un suicidio o accidente.
Sin embargo, cuestionaron que el propio proyecto permita abandonar esa hipótesis sin establecer controles suficientes para la reclasificación.
Por ello, propusieron que el cambio de clasificación solo pueda realizarse mediante una resolución fundada y motivada, después de agotar los actos de investigación previstos en la iniciativa, incluido el análisis de contexto y la búsqueda de antecedentes de violencia.
También plantearon que las víctimas indirectas y sus asesorías jurídicas sean notificadas y puedan impugnar la decisión ante un juez de control.
Otro de los principales cuestionamientos está en el artículo 21, que obliga a las autoridades a realizar diversas acciones durante las investigaciones, pero en su fracción VI únicamente plantea “valorar la realización de análisis de contexto”.
Valorar la realización no es realizar.
A su juicio, el análisis de contexto es indispensable para acreditar las razones de género, las relaciones de subordinación, las asimetrías de poder y los antecedentes de violencia que rodean un feminicidio.
Por ello, pidieron que la ley establezca como obligación realizarlo y que cualquier omisión tenga que justificarse por escrito en la carpeta de investigación.
Critican definición de mujer incluida en la iniciativa
Las organizaciones también rechazaron la definición de “mujer” contenida en el artículo 6, fracción VIII, donde se establece que será “toda persona que se identifique como mujer”.
Consideraron que esta formulación modifica el sujeto protegido por el delito y cuestionaron que una autoadscripción pueda reconstruirse después de la muerte de la víctima durante una investigación penal.
También señalaron que la definición es circular, pues utiliza el propio término “mujer” para definir quién es mujer.
Las organizaciones propusieron sustituirla por: “Mujer: la persona del sexo femenino, de cualquier edad”.
Otro de los puntos que consideran preocupantes está en los transitorios Segundo y Tercero de la iniciativa.
Las organizaciones alertaron que la disposición que remite las referencias al feminicidio de los códigos penales federal y estatales al nuevo ordenamiento, combinada con la derogación de normas que se opongan al decreto, podría poner en riesgo figuras jurídicas creadas por las entidades federativas.
Mencionaron entre ellas las disposiciones derivadas de la llamada Ley Malena, relacionadas con ataques con ácido y sustancias corrosivas; la violencia vicaria; la Ley Ingrid, sobre difusión indebida de imágenes de víctimas, y la Ley Monzón, relacionada con la pérdida de la patria potestad.
No aceptamos que se pierdan estas disposiciones por una fórmula de derogación redactada sin cuidado.
Por ello, solicitaron preservar expresamente los tipos penales autónomos locales que otorguen una protección igual o mayor a mujeres, niñas y adolescentes.
Asimismo, las organizaciones cuestionaron que el proyecto ordene crear capacidades institucionales para investigar feminicidios sin contemplar recursos adicionales.
La iniciativa plantea que la Fiscalía General de la República y las fiscalías de las 32 entidades cuenten con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y personal pericial, además de recursos tecnológicos, financieros y materiales suficientes.
También contempla capacitación permanente, un Registro Nacional y un Protocolo Nacional Homologado; sin embargo, el transitorio Décimo Segundo establece que las erogaciones serán cubiertas con el presupuesto ya aprobado y que no se autorizarán recursos adicionales.
El dictamen de impacto presupuestario que acompaña la propuesta, identificado como oficio 411/UDPCSG/2026/09160, señala que no se contempla la creación de nuevas unidades administrativas ni plazas y que las nuevas atribuciones serán cubiertas con los recursos existentes.
Una ley sin presupuesto es una declaración, y las mujeres de este país no necesitamos más declaraciones.
Las organizaciones reconocieron como positivo que la iniciativa contemple un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, pero cuestionaron el plazo para ponerlo en operación.
El proyecto establece 180 días hábiles para expedir los lineamientos y otros 365 días naturales para crear el registro, antes deberá realizarse un censo exhaustivo, aunque el transitorio no establece un plazo para concluirlo.
Las organizaciones advirtieron que, bajo ese esquema, el registro podría comenzar a operar cerca de dos años después de la entrada en vigor de la ley.
Las niñas y los niños que quedan en orfandad existen hoy y sus necesidades son de hoy.
Por ello, pidieron establecer un plazo para el censo y garantizar las medidas de protección desde que las procuradurías identifiquen individualmente a los menores, sin condicionar la atención a su inscripción en un registro que todavía no existe.
Las organizaciones también señalaron que la iniciativa no menciona en ninguno de sus 62 artículos la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Consideraron que esta omisión puede generar duplicidad entre la comisión especial que propone el proyecto y los mecanismos interinstitucionales de las alertas ya existentes.
Por ello, plantearon que los feminicidios cometidos en territorios con una alerta declarada sean considerados como agravante y que la nueva estructura tenga coordinación expresa con ese mecanismo.
El posicionamiento también cuestionó que la iniciativa no incluya una participación formal de organizaciones feministas, colectivos de madres y familiares, academia y especialistas independientes en la comisión especial que plantea crear.
Las organizaciones señalaron que existe una contradicción entre reconocer públicamente la lucha de las madres de víctimas y excluirlas de los espacios donde se definirán políticas y mecanismos de investigación.
“Las madres sirven para la campaña, no para la mesa”, reprocharon.
Por ello, propusieron crear un consejo consultivo integrado por organizaciones especializadas, instituciones académicas y colectivos de familiares, con voz en las sesiones y capacidad para formular recomendaciones.
Feministas reconocen avances del proyecto
Pese a sus críticas, las organizaciones reconocieron varios elementos de la iniciativa que consideran positivos.
Entre ellos destacaron que el feminicidio sea imprescriptible; que se excluyan excusas absolutorias y atenuantes relacionadas con conceptos como emoción violenta, ira, provocación, honor o celos; y que se reconozca la reparación transformadora en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
También respaldaron la entrega digna de los restos de las víctimas y que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio.
Las organizaciones señalaron que precisamente por considerar positivo este último punto pretenden evitar que la misma ley permita posteriormente abandonar esa hipótesis sin controles suficientes.
El posicionamiento fue elaborado a partir del análisis de la iniciativa presentada por Sheinbaum el 15 de julio y remitida a la Cámara de Senadores mediante el oficio 100.-384 de la Secretaría de Gobernación.
Las organizaciones pusieron a disposición del Congreso un análisis jurídico con propuestas específicas para modificar los artículos cuestionados y pidieron que sean incorporadas durante la discusión legislativa.
Demandamos ser escuchadas y que nuestras propuestas sean atendidas.
