El arranque del próximo año escolar corre peligro debido a un posible cese de labores convocado por el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS). La organización advirtió que detendrá sus actividades el 31 de agosto si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no libera los 300 millones de pesos aprobados durante este ejercicio para los sistemas públicos de preparatoria en las entidades federativas, con el fin de mejorar los sueldos del magisterio.
En una reunión con la prensa, los representantes de organizaciones como Colbach, TBC, Cecytes, Conalep, ICATS y CSEIIC detallaron que las negociaciones con Tania Rodríguez Mora, titular de la subsecretaría de Educación Media Superior, no han prosperado. Celestino Jiménez, líder del TBC, recalcó que la promesa de la mandataria de consolidar la administración más beneficiosa para el nivel preparatoria no se ha traducido en mejoras económicas para el personal docente y administrativo.
Armando Vargas Rodríguez, quien encabeza el Sindicato Nacional del Colbach, expuso que el periodo 2026-2027 traerá la complicación de manejar tres modelos educativos de manera simultánea. Esta situación alterará las asignaturas y los perfiles del magisterio, por lo que exigirán la protección de las plazas laborales. Calculan que unos 25 mil profesores podrían sufrir afectaciones en esta fase inicial.
Zenon Ramos, dirigente de la Confederación de Cecytes, urgió a Mario Delgado, secretario de Educación Pública, a instalar un diálogo a más tardar el lunes o martes. De no conseguirse respuesta, los agremiados saldrán a manifestarse en la Ciudad de México y otras regiones del país. Adicionalmente, acudieron a la Cámara de Diputados para buscar fondos en el presupuesto 2027, pidiendo a la SHCP una asignación mínima de 3 mil millones de pesos con el objetivo de disminuir el atraso en los pagos.
Actualmente, los profesores perciben sueldos que van de los 8 a los 15 mil pesos al mes según sus horas frente a grupo, careciendo de un tabulador general de ascensos. Únicamente el personal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios goza de dichos beneficios. Si se concreta la suspensión, más de 2 millones de alumnos quedarían sin clases.
