México reclamó a EE.UU. que la difusión de cargos contra Rocha Moya podía afectar extradiciones | Documentos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió el miércoles tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, entre ellos un extrañamiento dirigido a la embajada estadounidense y un documento de líneas discursivas para las representaciones diplomáticas mexicanas.
La difusión de los documentos ocurrió después de que se conociera que el Comité de Transparencia de la cancillería había reservado por cinco años comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones sostenidas con autoridades de Estados Unidos sobre el caso, al argumentar que su difusión podría afectar la conducción de las relaciones internacionales de México y vulnerar la inviolabilidad de las notas diplomáticas prevista en la Convención de Viena.
En un mensaje difundido en la red social X, la SRE informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en atención a solicitudes de acceso a la información, transparentaría la documentación relacionada con las peticiones estadounidenses, con excepción de las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales que, afirmó, tienen carácter reservado. “Nuestro compromiso es con la transparencia”, señaló la dependencia.
Reclamo por la divulgación de las acusaciones
El principal documento divulgado es un oficio de extrañamiento fechado el 30 de abril de 2026, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE expresó formalmente a la Embajada de Estados Unidos en México su preocupación por la difusión pública de los cargos penales y de los nombres de las personas incluidas en la acusación presentada ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
En el documento, el gobierno mexicano señala que la información divulgada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York formaba parte de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición remitidas a México y advirtió que se trataba de datos sensibles relacionados con una investigación penal en curso.
La cancillería sostuvo que la publicación de esos datos podría afectar tanto los procedimientos de extradición como los derechos de las personas reclamadas. “Al violarse la confidencialidad de los mismos, esta acción pueda tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición correspondientes”, señala el oficio.
Asimismo, argumentó que la divulgación anticipada podría vulnerar el derecho al debido proceso de los reclamados, ya que el contenido de una solicitud de extradición normalmente es comunicado a la persona requerida una vez que ha sido detenida e iniciado formalmente el procedimiento correspondiente.
“De darse a conocer la información materia de una solicitud de extradición internacional, antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento de extradición correspondiente en el Estado Requerido, se vulneraría su derecho al debido proceso”, sostuvo la SRE.
El gobierno mexicano también destacó una aparente contradicción entre la publicación de la acusación y una petición previa de las propias autoridades estadounidenses para que la información contenida en solicitudes de extradición no fuera divulgada.
Según el documento, Estados Unidos había solicitado a México que “…se tomen las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que hayan sido entregada o que vaya a ser entregada no sea divulgada ni se haga del dominio público…”.
Por ello, la SRE pidió que en futuras ocasiones el Departamento de Justicia comunique a sus fiscales el compromiso de confidencialidad respecto de la información que sustenta las solicitudes de extradición.
La SRE reservó la identidad del funcionario de la Embajada de Estados Unidos al que fue dirigido el extrañamiento, referencias completas a una nota diplomática estadounidense invocada en el documento y los datos de identificación y firma del funcionario mexicano que lo suscribió.
La ‘línea’ para las embajadas
Entre los documentos difundidos también figura una guía de líneas discursivas dirigida a las embajadas mexicanas, fechada el 30 de abril, en la que el gobierno federal fija la posición que debían transmitir las representaciones diplomáticas tras las solicitudes estadounidenses.
El documento señala que México mantiene una postura basada en “la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía” y retoma declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“La presidenta Claudia Sheinbaum fue explícita: ‘No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito… y hemos actuado en consecuencia’”, indica el texto, escrito en inglés.
El argumentario sostiene que todas las solicitudes fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual determinaría las acciones procedentes conforme a las pruebas disponibles y al debido proceso.
También enfatiza que, bajo el sistema de justicia penal acusatorio mexicano, “ningún arresto ni acción judicial puede proceder sin pruebas sólidas, no solo alegaciones o declaraciones escritas”.
El documento añade que el Gobierno de México actúa conforme a la Constitución y que, si bien mantiene la cooperación con Estados Unidos, no permitirá injerencias externas en decisiones que corresponden al ámbito jurídico nacional.
Los señalamientos de Estados Unidos
La tercera pieza divulgada es una tarjeta informativa elaborada por la SRE el 29 de abril, un día después de que Estados Unidos presentara las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. El documento resume la acusación dada a conocer por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido Rocha Moya.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían colaborado durante años con la facción de “Los Chapitos del Cártel de Sinaloa”, facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional.
La acusación los relaciona con una presunta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de delitos vinculados con posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Entre los señalados se encuentran el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega -quien se entregó a Estados Unidos-; el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez -quien también se entregó a la justicia estadounidense-; el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
De acuerdo con el expediente, la presunta relación entre Rocha Moya y “Los Chapitos” habría incluido la intervención del grupo criminal en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. La acusación sostiene que Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán habrían ordenado el robo de urnas, actos de intimidación y secuestros de opositores para favorecer la victoria electoral del entonces candidato de Morena.
El documento también refiere que integrantes de su equipo habrían proporcionado listas de adversarios políticos al grupo criminal y que la Policía Estatal recibió instrucciones de no intervenir ante reportes de violencia durante la jornada electoral.
Además, describe presuntas reuniones entre Rocha Moya y líderes de “Los Chapitos”, en las que se habrían acordado facilidades para el tráfico de drogas y el control de corporaciones de seguridad.
FGR: no hay pruebas suficientes hasta ahora
La divulgación de los documentos coincidió con la conferencia encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien afirmó que Estados Unidos aún no ha entregado pruebas que respalden las acusaciones formuladas contra Rocha Moya y las otras nueve personas incluidas en la solicitud de extradición.
La funcionaria indicó que las investigaciones abiertas en México se limitan exclusivamente a los delitos señalados por las autoridades estadounidenses y negó que existan indagatorias sobre las finanzas del gobernador con licencia o de su entorno familiar.
“La investigación que se sigue en relación a las 10 personas es únicamente de los delitos que fueron señalados por Estados Unidos, no más delitos. No hemos ampliado la investigación a otros delitos”, declaró.
Foto: Cuartoscuro
Godoy también descartó que Rocha Moya pueda ser enviado a Estados Unidos mediante mecanismos vinculados con razones de seguridad nacional, como ocurrió anteriormente con decenas de personas privadas de la libertad que ya enfrentaban procesos penales en México.
Explicó que el procedimiento actual corresponde a una solicitud de detención con fines de extradición y que Estados Unidos deberá justificar el carácter urgente de la petición.
“Aquí lo que nos están pidiendo es una detención para efectos de extradición como una medida urgente que se ha pedido que expliquen por qué es urgente. Se está siguiendo, estamos esperando, están siguiendo la Ley de Extradición, que es otra cosa”, señaló.
Durante la misma conferencia, la FGR también sostuvo que el exembajador estadounidense Ken Salazar faltó a la verdad al negar la participación de autoridades de su país en la operación que culminó con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024.
Las declaraciones se produjeron después de que la presidenta Sheinbaum cuestionara públicamente las versiones sobre ese operativo y preguntara: “¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”.
En respuesta, Salazar afirmó que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron oportunamente al gobierno mexicano sobre las circunstancias de la detención y sostuvo: “Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación” y “La verdad es la verdad”.
