Estados Unidos puso este martes 29 de septiembre en su lista negra financiera a dos nombres que sacuden por igual al mundo del narcotráfico y a la política mexicana: Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense e incluye a 21 personas y 25 entidades señaladas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. No es una sanción cualquiera: es una de las acciones financieras más amplias que Washington ha lanzado este año contra las redes que, según sus investigaciones, mantienen viva la maquinaria del cártel.
El nombre que encabeza la lista es el de “Mayito Flaco”. El Tesoro lo identifica como el líder de Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y sostiene que asumió el mando de esa estructura tras la detención de su padre, en julio de 2024. Zambada Sicairos enfrenta además acusaciones federales en Estados Unidos relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero, y permanece prófugo en México.
La designación coloca al hijo de “El Mayo” en el centro de la ofensiva financiera de Washington contra los herederos del cártel. No es un señalamiento simbólico: la sanción de la OFAC bloquea todos los bienes y activos que las personas designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense y les prohíbe realizar determinadas operaciones con ciudadanos y compañías de ese país. En la práctica, los saca del sistema financiero norteamericano.
El otro nombre en la lista es el que más ruido político genera en México. Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la actual gobernadora de Baja California, aparece señalado por el Departamento del Tesoro como un operador político presuntamente relacionado con la estructura de Los Mayos. Según la versión estadounidense, Torres habría utilizado su influencia para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa en Baja California.
La inclusión de Torres adquiere una dimensión política delicada: fue esposo de quien hoy gobierna uno de los estados más importantes del país. Las acusaciones difundidas por las autoridades estadounidenses corresponden a sus propios señalamientos y no constituyen por sí mismas una sentencia penal en México, pero el golpe a su imagen —y por extensión, al entorno de la gobernadora— ya está dado.
La nueva lista no se limita a los dos nombres. Abarca desde integrantes de la estructura de Los Mayos hasta presuntos facilitadores financieros y operadores establecidos en Baja California y otras regiones de México. La operación, según el Tesoro, apunta a desmantelar las redes financieras y empresariales que permiten el funcionamiento de la organización criminal: integrantes de estructuras criminales, presuntos operadores financieros y empresas que, en palabras de las autoridades estadounidenses, facilitarían las actividades del Cártel de Sinaloa.
El caso de Carlos Torres destaca por sus antecedentes personales con Marina del Pilar, mientras que la designación de “Mayito Flaco” apunta directamente a la cúpula que Washington identifica como Los Mayos.
Una sanción de la OFAC es una medida administrativa y financiera. Su principal efecto es restringir el acceso de las personas designadas al sistema financiero estadounidense y bloquear los activos sujetos a la jurisdicción de ese país. No requiere una condena penal: basta con que el gobierno de Estados Unidos determine que existen presuntos vínculos con organizaciones criminales designadas.
Con esta medida, Washington busca afectar las estructuras financieras y empresariales que, según sus investigaciones, sostienen a las redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Y el mensaje es doble: va contra la nueva generación del cártel y contra quienes, desde la política o el empresariado, presuntamente le abren las puertas.
