La representación estudiantil calificó la propuesta institucional como una tabla de buenas intenciones, debido a que carece de condiciones claras para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Entre los puntos de mayor controversia se encuentran las acciones de atención inmediata, específicamente la limpieza y suministro de agua en los sanitarios, así como la garantía de que no habrá represalias contra los participantes del movimiento. Los alumnos señalaron que el cronograma omita fechas específicas, responsables identificados y recursos destinados para estos trabajos. El descontento también abarca los plazos establecidos para obras de infraestructura y mantenimiento. Aunque el documento clasifica estos temas como de corto plazo, las fechas de ejecución se extienden hasta septiembre, octubre y noviembre de 2026, un periodo que los estudiantes consideran excesivo frente a las necesidades actuales del plantel. Además, la sociedad de alumnos cuestionó los criterios para acreditar el avance de las soluciones. El cronograma institucional contempla oficios, reuniones y minutas como evidencias, pero los estudiantes advierten que la elaboración de documentos administrativos no resuelve los problemas. Exigen pruebas de resultados concretos y no solo el inicio de gestiones. Mientras tanto, el conflicto no tiene fecha de conclusión. El Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos confirmó que la suspensión de actividades académicas y la toma de instalaciones se mantendrán hasta que las autoridades presenten un nuevo documento con fechas definidas, responsables claros y mecanismos verificables para comprobar el cumplimiento efectivo de los acuerdos.
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