El delito de despojo de propiedades ha evolucionado en México, y ya no se trata solo de invasiones espontáneas a terrenos baldíos. Ahora, detrás de muchos casos, se encuentran documentos falsificados, identidades suplantadas y operaciones registrales irregulares. Esto ha llevado a que el despojo se convierta en un negocio lucrativo, donde los delincuentes aprovechan las debilidades institucionales para obtener beneficios.
En la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Benito Juárez, los vecinos de la colonia Del Valle han denunciado casos de despojo en casas y departamentos. El 23 de julio, realizaron un plantón para pedir atención por parte de las autoridades. La situación es alarmante, ya que el Estado mexicano parece haber perdido la capacidad de proteger eficazmente el patrimonio de sus ciudadanos. Los delincuentes saben que las víctimas enfrentarán un largo y costoso camino para recuperar sus propiedades, lo que les da un incentivo para continuar con estas actividades ilícitas.
El sistema jurídico mexicano protege la posesión, lo que en teoría debería evitar que las personas se hagan justicia por propia mano. Sin embargo, cuando las instituciones son lentas o ineficaces, este mismo diseño puede beneficiar a quien actuó de manera ilícita. El problema no es solo jurídico, sino institucional. Un Estado de derecho se mide por su capacidad para hacer efectivas las leyes en un plazo razonable. Si recuperar una vivienda tarda años, la protección constitucional de la propiedad se convierte en una promesa vacía. Esto afecta no solo a las víctimas directas, sino también al mercado inmobiliario, la inversión y la confianza en las instituciones.
