El gobierno de Baja California le entregó contratos por más de 200 millones de pesos a una empresa que hoy está en la lista negra de Estados Unidos por lavar dinero del Cártel de Sinaloa. La compañía se llama Inteliproof Efficient y los convenios —destinados a uniformes policiacos y de tipo militar— se firmaron antes de que el Departamento del Tesoro estadounidense la incorporara a su lista de sanciones.
La revelación, difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, detalla que los convenios fueron destinados a bienes y servicios para la operación de la Fiscalía estatal, entre ellos uniformes, equipo táctico, mobiliario, tecnología y sistemas relacionados con seguridad. Es decir: recursos públicos para vestir y equipar a quienes combaten al crimen organizado terminaron en manos de una firma señalada de servir precisamente a ese crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a Inteliproof Efficient a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 29 de septiembre de 2026. De acuerdo con la autoridad estadounidense, la compañía está vinculada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado por ese gobierno en una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.
“La Fiscalía General de Baja California otorgó contratos por más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, empresa sancionada y señalada este martes por @USTreasury de ser utilizada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa”, publicó Mexicanos Contra la Corrupción en su cuenta de X.
La revisión de los registros de contratación también identifica operaciones de la empresa con los gobiernos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, además de los convenios celebrados con la Fiscalía estatal. No se trata, pues, de un contrato aislado: la firma tejió una red de negocios con instituciones de seguridad pública en el estado fronterizo.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que México arrastra desde hace años: la infiltración de recursos y empresas vinculadas al crimen organizado en las compras gubernamentales, incluso en los rubros más sensibles, como el equipamiento de las fiscalías y las corporaciones policiacas.
Hasta el momento, el gobierno de Baja California no ha informado si abrirá una investigación sobre las condiciones en que se otorgaron estos contratos ni si tomará medidas administrativas contra los funcionarios que los firmaron. Tampoco se sabe si los convenios siguen vigentes o fueron rescindidos tras la sanción estadounidense.
La sanción de la OFAC implica, en términos prácticos, que la empresa queda bloqueada del sistema financiero estadounidense y que cualquier persona o entidad que haga negocios con ella se expone a sanciones secundarias. Para una compañía que vivía de contratos con el sector público mexicano, el golpe es mayúsculo.
Lo que sigue es la pregunta incómoda: ¿cómo pasó los filtros una empresa que Estados Unidos tenía en la mira por lavar dinero del Cártel de Sinaloa? La respuesta, hasta ahora, nadie la ha dado.
