Un estudio publicado por Transparencia Mexicana el 27 de agosto revela que en Veracruz se iniciaron 96 investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas vinculadas a actos de corrupción. Sin embargo, de ese número solo 9 informes alcanzaron sentencia definitiva y se impusieron 11 sanciones. El análisis muestra que, aunque los órganos fiscalizadores detecten posibles faltas graves, el proceso no siempre concluye con una medida administrativa. En Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) lleva a cabo la investigación de responsabilidades derivadas de la revisión de cuentas públicas, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TRIJAEV) es el encargado de aplicar sanciones a servidores públicos y particulares. A nivel nacional, Transparencia Mexicana identificó 5 100 informes de presunta responsabilidad administrativa; de ellos, 898 llegaron a sentencia definitiva y se impusieron 363 sanciones. Esto equivale a apenas 7.1 sanciones por cada 100 casos considerados suficientemente graves por las autoridades fiscalizadoras. El indicador no mide la totalidad de actos de corrupción, sino la capacidad del sistema para traducir una detección en una consecuencia administrativa. El estudio también señala que seis de cada diez sanciones consisten en inhabilitaciones temporales, mientras que la destitución del cargo representa solo el 1 % de las medidas adoptadas. Los resultados serán entregados al Congreso de la Unión en el marco de la discusión sobre posibles reformas al sistema de fiscalización y combate a la corrupción.
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