El Gobierno de México presentó en agosto de 2026 su balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, destacando una disminución en el número de homicidios y un aumento en detenciones y aseguramientos de droga y armas. Sin embargo, este informe no logra demostrar de manera convincente que se ha desmantelado el poder de las organizaciones criminales en el país.
La narrativa oficial se centra en la reducción del promedio diario de homicidios dolosos, que ha disminuido un 51% en comparación con septiembre de 2024. No obstante, esta cifra no necesariamente indica que las organizaciones criminales hayan perdido capacidad financiera, territorial o de reclutamiento. El documento confunde indicadores de resultado con evidencia de efectividad, lo que puede llevar a conclusiones erróneas sobre la eficacia de la estrategia de seguridad.
La presentación de cifras mensuales como promedios diarios puede modificar la percepción del fenómeno y hacer que los números parezcan más manejables. Una evaluación rigurosa requeriría presentar simultáneamente homicidios absolutos, tasas por cada 100,000 habitantes, tendencia móvil de 12 meses y distribución territorial. Sin embargo, este tipo de análisis no se encuentra en el documento oficial.
El reporte también destaca la aseguración de 518.7 toneladas de droga y la destrucción de 2,725 laboratorios, así como la detención de 63,564 personas entre octubre de 2024 y julio de 2026. Sin embargo, sin conocer la proporción que representan del mercado criminal total, estas cifras solo indican volumen, no medida de efectividad. Lo mismo ocurre con las armas aseguradas, donde la pregunta correcta es qué porcentaje de la capacidad armada de una organización fue realmente afectado.
La falta de información sobre el impacto financiero en las organizaciones criminales es una contradicción estratégica grave. Un cartel no es solo hombres armados y droga, sino una empresa criminal con capital, lavado, empresas fachada y protección institucional. El reporte prácticamente no presenta el equivalente financiero de sus cifras operativas, pese a que la propia UIF ya reportó, en mayo de 2026, haber incorporado 1,422 sujetos a su lista de personas bloqueadas con más de 4,000 millones de pesos involucrados. Esta capacidad existe, pero no se encuentra en el centro de la estrategia.
En resumen, aunque el informe oficial presenta algunas cifras positivas, no logra demostrar de manera convincente que se ha desmantelado el poder de las organizaciones criminales en México. La falta de información sobre el impacto financiero y la judicialización de los detenidos son aspectos críticos que deben ser abordados para evaluar la efectividad de la estrategia de seguridad.
