La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que cumplimentó 11 órdenes de aprehensión contra policías y expolicías investigados por presuntamente cometer el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de cuatro víctimas durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, realizado el 25 de septiembre de 2015 en ese municipio.
De acuerdo con la dependencia, las capturas fueron resultado de labores de investigación y trabajo de campo realizadas por la Policía Ministerial, en cumplimiento de mandamientos judiciales emitidos por un juez del distrito de Coatzacoalcos.
Los detenidos fueron identificados como Adiel “N”, Guillermo “N”, Pablo “N”, Lorenza “N”, Juan “N”, Francisco “N”, Cristian Iván “N”, Rosendo “N”, Froylán “N”, Isaí “N” y María Guadalupe “N”.
El caso está relacionado con hechos ocurridos durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, implementado el 25 de septiembre de 2015 en el sur de Veracruz, durante la administración del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La institución no dio a conocer los pormenores de los casos que se investigan, ni detalló las circunstancias en las que ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición forzada de las cuatro víctimas.
Medios locales reportaron que algunas de las personas detenidas permanecían en activo dentro de corporaciones policiales y fueron capturadas mientras se encontraban en servicio o al presentarse en sus centros de trabajo.
Sin embargo, la Fiscalía no precisó cuántos de los imputados continuaban desempeñando funciones al momento de las detenciones.
El operativo Blindaje Coatzacoalcos fue presentado en su momento como una estrategia para reforzar la seguridad en la región; sin embargo, colectivos de familiares de personas desaparecidas lo han vinculado con diversos casos de desaparición forzada.
En este proceso, la Fiscalía investiga específicamente la desaparición de cuatro personas ocurrida durante ese despliegue.
La Fiscalía indicó que las personas detenidas serán puestas a disposición del juez de Control competente, quien determinará su situación jurídica.
Asimismo, reiteró que todas las actuaciones se realizan “en estricto apego al debido proceso, con pleno respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia”, hasta que exista una resolución judicial firme.
