Un Estado sin Madre: La Crisis de Desapariciones en México (2006-2026) | Artículo de Alberto Islas

Por Alberto Islas
CEO Global Leading Solutions

Desde finales de 2006, tras el inicio de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, México se vio sumido en una espiral de violencia que dio origen a una de las crisis de derechos humanos más graves del hemisferio occidental: la desaparición masiva de personas. A diferencia de las desapariciones sistemáticas de la Guerra Fría, motivadas por la persecución política, el caso mexicano se caracteriza por un complejo entramado de macrocriminalidad, colusión estatal e impunidad absoluta, con tal de tener beneficios económicos del narcotráfico y trata de personas..

Hoy, la cifra oficial es devastadora: 135,046 personas desaparecidas, una herida abierta que revela las fallas estructurales del Estado mexicano frente a una tragedia que no cesa.

La crisis de desapariciones en México afecta de manera desproporcionada a la población joven. Los registros históricos indican que aproximadamente el 75% de las personas reportadas como desaparecidas tienen entre 15 y 30 años, siendo el rango de 25 a 29 años el más afectado en general. La estadística, compuesta por un 70% de hombres y un 30% de mujeres, revela matices alarmantes según el género.

Las mujeres son el grupo con el mayor índice de desaparición, concentrado de manera drástica entre los 15 y los 19 años. Las autoridades y organizaciones advierten que esta edad temprana guarda una fuerte correlación con delitos de violencia de género y de trata de personas. En cambio, los hombres desaparecidos tienen edades ligeramente mayores y se concentran en el rango de 20 a 29 años.

En teoría, México ha construido un andamiaje legal robusto a partir de recomendaciones internacionales en el 2010. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene la responsabilidad de ejecutar acciones de campo, administrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), emitir protocolos y servir de enlace entre las fiscalías y las familias. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuenta con un presupuesto de $2,300 millones de pesos (de los cuales $1,800 millones se destinan a trámites de familiares), aunque persisten trabas burocráticas, como los 17.5 días que, en promedio, toma registrar a una persona en el padrón.

La CNB refleja una profunda crisis de capital humano y recortes financieros. Para 2025, a la CNB se le asignó un presupuesto operativo de poco más de $247 millones de pesos, un recorte del 17% respecto al año anterior. La plantilla federal, que contaba con unos 250 trabajadores, sufrió ceses masivos que desmantelaron entre 50 y 160 especialistas, lo que afectó severamente al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Existe un fondo de subsidios de $889 millones de pesos (2026) para los estados, sin transparencia. Uno de cada tres estados opera su comisión de búsqueda con menos de 10 personas, e incluso hay entidades que operan con un solo empleado para buscar a miles de víctimas.

A la tragedia de la desaparición se suma la crisis posmortem. Encontrar una fosa clandestina en México es apenas el inicio de un cuello de botella institucional. Se estima que hay más de 50,000 cuerpos y restos humanos sin identificar apilados en Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), morgues y fosas comunes. El sistema está sobrepasado financieramente y carece del personal técnico especializado, como antropólogos y genetistas forenses, para procesar esta magnitud de hallazgos.

Este colapso se agrava por la actuación de las fiscalías. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha calificado la desaparición en México como el “paradigma del crimen perfecto”, documentando una impunidad superior al 94% (menos del 6% de los casos llegan a ser judicializados).

El escrutinio global ha sido severo. Organismos como la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalan constantemente las deficiencias del Estado. Primero se argumenta que hay una manipulación de censos. Se ha criticado la opacidad en las depuraciones recientes del RNPDNO, acusando al gobierno de intentar reducir artificialmente la cifra de desaparecidos con fines políticos. A su vez, el Estado ha fracasado en garantizar la seguridad de las familias y madres buscadoras, que asumen el trabajo de campo e inteligencia ante la omisión de las autoridades, exponiéndose a amenazas y asesinatos.

Para dimensionar esta tragedia, resulta inevitable recurrir a la comparación histórica. Mientras las dictaduras de Argentina (30,000 desaparecidos) y Chile (3,000) utilizaron la desaparición como política de exterminio de disidencia política, o regímenes totalitarios como el de Camboya o la Rusia de Stalin la usaron para el control ideológico, México representa un fenómeno distinto. Las desapariciones surgen de una dinámica económica en la que el narcotráfico, en su lucha por el control territorial, aprovecha el deterioro de los organismos de seguridad y justicia, así como la corrupción del poder político. Estas instituciones se ven comprometidas al aceptar sobornos para obstruir investigaciones, lo que les permite vivir en opulencia a costa de facilitar las desapariciones.

No obstante, resolver esta tragedia no es imposible. En Bosnia y Herzegovina, tras la guerra, se logró identificar a más del 70% de sus 30,000 desaparecidos gracias a la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), utilizando genética masiva y cruzando ADN de restos degradados con muestras de familiares. En Argentina, el Estado devolvió la confianza a las familias creando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), arrebatando el control de la ciencia forense a las morgues policiales corruptas y convirtiéndola en una entidad independiente.

El denominador común de estos éxitos internacionales es la lección que México necesita aprender con urgencia y que las políticas y los políticos, que no tienen madre, atiendan a las madres buscadoras.