La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las disposiciones que obligan a las empresas de telefonía a localizar teléfonos celulares en tiempo real y a conservar registros de comunicaciones para apoyar a las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
La resolución valida diversos párrafos del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, que fija las obligaciones de las compañías telefónicas en la entrega y el resguardo de información.
Las empresas deberán conservar metadatos, registros de llamadas y otros elementos de las comunicaciones de los usuarios hasta por dos años. Cuando haya un requerimiento legal, tendrán un plazo máximo de 24 horas para entregar la información solicitada.
La Corte precisó que las autoridades no podrán acceder libremente a los registros telefónicos: necesitarán autorización judicial para consultarlos, como garantía del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
La excepción son los casos urgentes en los que esté en peligro la vida o la integridad de una persona, bajo los controles judiciales correspondientes.
El asunto llegó al máximo tribunal mediante el amparo en revisión 193/2026, que cuestionó la constitucionalidad de estas obligaciones por posibles afectaciones a la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión.
Con la determinación, la SCJN mantuvo la validez de las disposiciones que permiten usar información de telefonía móvil en investigaciones de seguridad y justicia, con el acceso sujeto a control judicial.
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