La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó este viernes un decreto que impone nuevas obligaciones a las plataformas digitales: deberán identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan cualquier forma de violencia. El objetivo declarado es proteger a niñas, niños y adolescentes.
Las plataformas digitales tendrán que retirar el contenido violento. Por decreto.
Lo presentó este viernes la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El objetivo: garantizar espacios seguros y proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos que puedan poner en riesgo su integridad.
El decreto abarca los servicios digitales en internet que permiten la interacción, la comunicación, la creación, la difusión o el intercambio de contenidos entre usuarios. Es la definición que dio la propia consejera jurídica: no habla de una red social en particular, sino de cualquier servicio donde los usuarios interactúan y comparten contenido.
La lista de lo prohibido es larga.
Las plataformas no podrán permitir el acceso, la exposición ni la recomendación a menores de publicaciones que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Tendrán que incorporar medidas de seguridad desde el diseño de sus servicios, para prevenir la exposición de menores a este tipo de contenidos.
“Primero que nada debiendo identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia”, dijo Alcalde Luján al explicar las responsabilidades que asumirán las plataformas.
Las obligaciones se encadenan: primero identificar, luego retirar de inmediato. Las plataformas deberán implementar mecanismos para detectar y eliminar las publicaciones que incumplan las disposiciones, no esperar a que alguien las reporte.
Y clasificar los contenidos por rangos de edad, para que haya claridad sobre el público al que están dirigidos.
La clasificación por edades y las herramientas para madres, padres y tutores apuntan al mismo frente: que un menor no se tope con lo que no debería ver y que, si se topa con ello, haya un adulto con medios para acompañar y vigilar su actividad digital.
Lo que el decreto no detalla —al menos en lo difundido hasta ahora— son las sanciones para las plataformas que incumplan ni los plazos para adaptarse. Tampoco se ha precisado qué autoridad vigilará el cumplimiento ni cómo se medirá.
El gobierno federal busca, con estas disposiciones, reforzar la protección de los menores en internet y establecer responsabilidades para las plataformas frente a la difusión de contenidos violentos o perjudiciales.
Falta la publicación en el Diario Oficial y, sobre todo, el mecanismo operativo que diga cómo se va a aplicar. Sin eso, el decreto es una declaración de intenciones con firma presidencial.
