SEP y Defensa conocían el vacío legal de escuelas militarizadas antes de la muerte de Dafne

Por Marcos Martínez Chacón*

Poco antes de la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, en un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, dos dependencias federales debatían sobre el vacío legal en el que operan este tipo de instituciones, pero no actuaron para frenar sus actividades hasta que la menor fue presuntamente asesinada, de acuerdo con documentos internos a los que se tuvo acceso.

La deliberación era llevada a cabo por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La comunicación entre ambas dependencias en torno al sustento legal de las llamadas escuelas militarizadas de nivel básico inició a raíz de otro caso similar al de Zapata.

Se trataba de la muerte, el 25 de abril de 2025, del adolescente Erick Terán Torbellín, también de 13 años, durante un campamento en Morelos organizado por la academia militarizada Ollin Cuauhtémoc, con sede en la Ciudad de México.

Este intercambio, sin embargo, no surgió por iniciativa de las dependencias, de acuerdo con los oficios enviados entre ambas.

La comunicación ocurrió a raíz de una serie de planteamientos hechos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una “propuesta de conciliación”, luego de la conmoción generada por el caso de Terán Torbellín, quien murió a causa de la violencia que sufrió durante el campamento.

De acuerdo con el reglamento de la CNDH, una “propuesta de conciliación” es un mecanismo que puede utilizarse cuando el organismo considera que una violación a derechos humanos puede repararse sin necesidad de llegar a una recomendación formal, que tiene un mayor peso jurídico y político.

Tras la muerte del menor en Morelos, el director y una instructora de la academia en la que estaba inscrito fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de Terán Torbellín.

La muerte de Zapata ha sido la más reciente de al menos otros dos menores que fallecieron en circunstancias similares. Zapata murió el 16 de julio en un campamento organizado en Ciudad Madero, Tamaulipas, por la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Luego de las versiones contradictorias ofrecidas por directivos de la academia sobre las causas del fallecimiento de la menor, las autoridades calificaron el caso como feminicidio y establecieron como causa de muerte la “asfixia por sumersión”.

La madre de Zapata, Alejandra Quintos, narró desde un inicio que, poco antes de la muerte de su hija, la menor le mostró moretones en el rostro durante una videollamada.

Unos días después, según ha relatado Quintos a diversos medios, recibió una llamada de la academia para informarle que la menor había muerto tras desvanecerse en la regadera.

Desde entonces, la mujer ha emprendido una intensa lucha para denunciar que su hija fue “torturada” en la academia.

Hasta ahora han sido detenidas tres personas por el presunto feminicidio de Zapata: el director del plantel, la coordinadora del área femenil y una instructora auxiliar del campamento, de acuerdo con reportes oficiales.

La madre de la menor, sin embargo, ha dicho que al menos otras dos personas, a quienes identifica como presuntas implicadas, siguen pendientes de ser detenidas.

En el caso de Terán Torbellín, su madre, Érika Torbellín, también denunció desde un inicio un intento por ocultar las verdaderas causas de la muerte del menor por parte de las autoridades de la academia, que fue clausurada tras los hechos.

Inicialmente le dijeron que acudiera a recogerlo porque no se sentía bien. Unas horas más tarde, cuando llegó al sitio, le entregaron a su hijo muerto.

Además de los casos de Terán Torbellín y Zapata, otro menor también murió en circunstancias similares. Zamir Pinto, de 16 años, fue entregado muerto a su madre en noviembre de 2023, tras sufrir una brutal golpiza en el Colegio Militarizado Aztlán, en Tultitlán, Estado de México.

De acuerdo con reportes oficiales, un instructor habría sido el responsable del homicidio de Pinto, por lo que permanece detenido y vinculado a proceso.

Pero el caso de Zapata, al menos, pudo haberse evitado si la SEP hubiera actuado antes para ordenar el cierre de las escuelas militarizadas, como lo hizo ahora, después de la muerte de la menor, dijo a este periodista la madre de Terán Torbellín.

En opinión de Torbellín, tanto la SEP como la Defensa no actuaron antes contra este tipo de escuelas, donde murió su hijo, porque pensaron que su caso no volvería a repetirse.

“Creyeron que era un caso aislado”, dijo la mujer en entrevista. “Hasta hicimos reuniones, puntos de acuerdo y todo, y no sirvieron para cerrar estas instituciones”.

Pese a que la muerte de Terán Torbellín ocurrió en abril de 2025, la SEP no contactó a la Defensa para atender los planteamientos de la CNDH sobre el caso del menor sino hasta junio de este año, con el fin de aclarar una serie de dudas sobre el sustento legal de las escuelas de nivel básico que se ostentan como militarizadas.

El primer documento fue enviado por la SEP el 19 de junio. En él se enlistan las preguntas formuladas por el director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, José Juan Arellano Minero, a la Defensa, a solicitud de la CNDH.

En su “propuesta de conciliación”, la CNDH pidió a las autoridades educativas de la Ciudad de México aclarar diversos aspectos relacionados con la operación de las escuelas de nivel básico que ofrecen servicios de “corte castrense”, según consta en ese oficio de la SEP.

El documento señala que la CNDH solicitó a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) revisar si existían instituciones de educación básica adscritas a la SEP que hicieran alusión a la “educación militar” o a términos similares al ofrecer sus servicios.

La revisión solicitada por la CNDH tenía como objetivo que esas instituciones se “abstengan de impartir u ofertar servicios educativos con dichas características y evitar que hechos como los que nos ocupan se repitan”.

Esa solicitud quedó asentada en la cláusula sexta de la propuesta de conciliación, cuyo contenido no había sido hecho público hasta ahora.

A raíz de esa solicitud, la unidad jurídica de la SEP planteó a la Defensa tres preguntas.

La primera consistía en consultar si existía “disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio vigente que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación del tipo básico”.

La segunda pregunta era si “existe alguna institución educativa del tipo básico que cuente con autorización, reconocimiento u otra figura otorgada por la Sedena para impartir educación militar”.

Por último, la SEP preguntó a su contraparte si, a consideración de la Defensa, existía “algún impedimento” para que la dependencia educativa federal “establezca en la ley y reglamentos” restricciones para que las escuelas de nivel básico “utilicen denominaciones de carácter castrense, militar o análogas”.

El 14 de julio, dos días antes de la muerte de Zapata, la Defensa respondió los cuestionamientos de la SEP mediante un oficio firmado por el general de brigada de Estado Mayor Filiberto Mondragón Polo, director general y rector de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (UDEFA y GN).

En primer lugar, Mondragón respondió a la SEP que no “existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones del tipo básico, esto es, preescolar, primaria y secundaria”.

En respuesta a la segunda pregunta, el general señaló que “no se localizaron registros vigentes de alguna institución educativa del tipo básico que cuente con autorización, reconocimiento u otra figura otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional para impartir educación militar”.

“De igual forma, esta Dirección General y Rectoría no posee facultades legales ni administrativas para reconocer, validar o supervisar planteles ajenos al Sistema Educativo Militar”, agregó el general en el oficio.

Respecto de la tercera pregunta, Mondragón respondió que a la Defensa “no le corresponde determinar si la Secretaría de Educación Pública puede establecer expresamente en la ley y reglamentos correspondientes la restricción para que las instituciones de educación del tipo básico utilicen denominaciones de carácter castrense, militar o análogas para su identificación, promoción u oferta educativa, así como para que impartan u oferten educación bajo dicha denominación”.

El documento con las respuestas de la Defensa fue recibido formalmente por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP el 15 de julio, de acuerdo con el sello de recibido que aparece en el oficio.

Un día después, el 16 de julio, Zapata murió durante el campamento en Ciudad Madero.

El debate entre ambas dependencias sobre la ausencia de regulación bajo la cual operaban las escuelas que ofrecen una formación de corte castrense se había mantenido fuera del escrutinio público.

De hecho, según Torbellín, después de meses de reuniones entre funcionarios de la SEP, representantes de la CNDH y madres de otros menores que habían sufrido abusos en la academia militarizada —clausurado poco después de la muerte de su hijo—, la autoridad educativa supuestamente había acordado cerrar este tipo de escuelas desde diciembre de 2025, siete meses antes de la muerte de Zapata en Ciudad Madero.

Aunque la Defensa había respondido por escrito a la SEP desde el 14 de julio que no existía un marco legal que autorizara la educación militar en escuelas de nivel básico, esa conclusión permaneció fuera del conocimiento público incluso después de la muerte de Zapata.

No fue sino hasta la conmoción generada por la muerte de Zapata que el 25 de julio, nueve días después del presunto feminicidio de la menor, cuando la Defensa admitió en un comunicado que carecía de “facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza”.

Dos días más tarde llegó el primer reconocimiento público de la SEP sobre la ausencia de sustento legal bajo el cual operaban estas escuelas, en voz del titular de la dependencia, Mario Delgado.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del 27 de julio, Delgado informó que la SEP había ordenado una revisión nacional para que las autoridades educativas estatales verificaran la operación de este tipo de instituciones.

No es que estén prohibidas; es que no están permitidas; son escuelas que tienen su permiso, pero ofrecen esta modalidad, y eso es lo que no debe permitirse.

La SEP, sin embargo, endureció su postura poco después. El 29 de julio, en un comunicado, la dependencia informó que ordenó el cierre de todas las escuelas del país que operen “bajo la denominación o modalidad ‘Militarizada’, ‘Militar’, ‘Castrense’ o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar”.

En sus pronunciamientos públicos tras el caso de Zapata, Delgado no ha hecho mención específica de los mecanismos aplicados por la CNDH por el caso del menor Terán Torbellín y de las violaciones a derechos humanos que el mismo organismo dijo que sufrieron otro menores en la Escuela Militarizada Ollin Cuauhtémoc.

Para la madre del adolescente cuya muerte detonó el intercambio de oficios entre la SEP, la Defensa y la CNDH sobre el vacío legal de las escuelas militarizadas, las decisiones oficiales llegaron demasiado tarde. A su juicio, las autoridades ya conocían el problema antes del feminicidio de Dafne, pero actuaron únicamente después de que ocurrió un segundo caso.

“Llega tardísimo y, para mí, es como si quisieran tapar algo que era evidente que ellos tenían que cumplir y que era una promesa que no cumplieron”, sentenció Torbellín.

*Periodista independiente enfocado en derechos humanos