La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que presentó los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso de Guadalupe “N”.
La imputada es investigada por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, así como por otros delitos relacionados con esta materia.
A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la FGR obtuvo de un juez de control la imposición de prisión preventiva oficiosa para la detenida, quien deberá cumplir la medida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. El juzgador también otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
[embedded content]Guadalupe “N”, quien se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria, fue aprehendida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Guadalupe Hernández Hinojosa es apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V., firma importadora de combustibles investigada por presuntas irregularidades operativas.
Suman nueve detenidos en el caso de “huachicol fiscal”
Con la detención y vinculación a proceso de Guadalupe “N”, suman nueve las personas aprehendidas en relación con esta presunta red de contrabando ferroviario. Los otros ocho implicados, entre ellos el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fueron vinculados a proceso a finales de julio de 2026.
Ruffo Appel, de 74 años, es reconocido por haber sido el primer gobernador de oposición en el México moderno (1989-1995). Se encuentra recluido en el penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, tras su captura el pasado 16 de julio.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, el exmandatario se incorporó a la estructura de la empresa investigada en octubre de 2018 y, para 2021, ya figuraba como accionista y secretario de su Consejo de Administración.
Según FGR, las indagatorias de este caso se originaron tras el hallazgo, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas muestras periciales confirmaron la presencia de hidrocarburos.
[embedded content]A partir de este hallazgo, la FGR reconstruyó un presunto esquema de operación que involucraba a empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros, con la probable complicidad de servidores públicos.
La FGR calcula que el contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025 generó un perjuicio fiscal inmediato superior a 100 millones de pesos.
No obstante, auditorías y cruces de información entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectaron más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese mismo año, por lo que el daño patrimonial total a la nación podría superar los 4 mil millones de pesos.
