A unas decenas de días de que concluya el periodo de opiniones ciudadanas, más de 2,000 personas ya participaron en la revisión convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El objetivo es evaluar las reglas para que los televidentes y radioescuchas hagan valer sus garantías como consumidores.
La mandataria Claudia Sheinbaum ha asegurado que su administración no busca limitar la libre expresión. No obstante, analistas advierten que la forma en que está planteado el documento podría derivar en un control sobre los contenidos transmitidos y afectar la emisión de ideas.
Durante su conferencia de prensa de este lunes, la jefa del Ejecutivo federal abrió la puerta para modificar la propuesta actual. Indicó que en los próximos días la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detallará si se realizan ajustes a los lineamientos con base en los comentarios recibidos.
El origen de este debate se remonta a 2013, cuando el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto impulsó una reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ella se definió que el público tiene derecho a acceder a materiales plurales, veraces y sin publicidad engañosa.
El Artículo 250 de dicha legislación detalla las garantías de los receptores. Estas incluyen recibir programación que refleje el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico; disfrutar de diversos géneros que fomenten la democracia; y distinguir claramente la publicidad del contenido.
Además, los medios deben respetar los horarios establecidos o avisar con anticipación sobre cualquier cambio. También se contempla el derecho de réplica, el mantenimiento de la calidad y los niveles de audio y video, y la prohibición de discriminar por origen étnico, nacional, género o edad en los servicios de radiodifusión.
