La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el mando de Édgar Amador Zamora, emitió nuevas Reglas de Carácter General para combatir el lavado de dinero. Estas disposiciones derivan de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a su reglamento, publicadas durante 2025 y 2026. El objetivo es consolidar el marco regulatorio para los sectores vulnerables.
De acuerdo con la dependencia, las modificaciones brindan mayor certeza jurídica y establecen criterios claros para la supervisión de las autoridades. El cambio más relevante es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector. Esto obliga a los negocios a identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes mediante metodologías específicas.
El artículo 17 de la legislación señala 17 actividades vulnerables, las cuales entran en vigilancia cuando superan los montos de operación fijados por la ley. Estas incluyen juegos con apuesta, concursos o sorteos; emisión o comercialización de tarjetas de servicios, crédito o prepagadas no emitidas por entidades financieras; y el otorgamiento de créditos por instituciones no financieras.
También abarcan la construcción o desarrollo de bienes inmuebles como casas, bodegas o comercios; venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes; subasta o comercialización de obras de arte; y venta de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Se suman el blindaje de vehículos terrestres, traslado o custodia de dinero o valores, y la recepción de donativos.
La lista completa contempla a notarios, corredores públicos, arrendamiento de inmuebles y la prestación habitual de servicios con activos virtuales. Finalmente, incluye el comercio exterior mediante agentes, apoderados o agencias aduanales para importar vehículos, obras de arte y equipos para fabricar tarjetas de pago, entre otros bienes.
