La periodista Carmen Aristegui consideró que el Gobierno de México debería ver como una oportunidad de cooperación internacional la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en el país a la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional.
La postura del gobierno federal sobre las conclusiones del organismo internacional es de rechazo y de reiterar que en México no existe una política de desaparición forzada desde el Estado.
También afirma que mantiene colaboración con mecanismos multilaterales en materia de derechos humanos y que los señalamientos del informe no reflejan el contexto nacional; también la autoridad insiste en que la actuación de los organismos internacionales debe respetar la soberanía del país.
Ante ello, Aristegui consideró un error la respuesta oficial y apuntó que desacreditar el informe y a los expertos que lo elaboraron impide reconocer la magnitud de la crisis.
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Yo creo que es un error la respuesta que ha dado hasta el momento el gobierno de Claudia Sheinbaum, es un error demeritar esta oportunidad, es un error desacreditar o intentar desacreditar el informe y a los propios expertos que lo elaboraron cuando estamos hablando de un tema de enormes proporciones que no podemos negar, ni el gobierno ni nadie.
La periodista subrayó que la crisis de desapariciones en México no solo es numérica, sino estructural, y está relacionada con una crisis forense, caracterizada por la falta de capacidad del Estado para identificar restos humanos, procesar evidencias y dar respuesta a miles de casos acumulados.
En ese sentido, advirtió que los servicios forenses y de investigación han sido rebasados por el volumen de casos, lo que forma parte del colapso institucional que impide avanzar en la localización de personas desaparecidas.
El Estado está colapsado, porque colapso es que tengamos una cifra conservadoramente reconocida de 134 mil personas desaparecidas.
Aristegui explicó que este colapso se expresa también en la incapacidad de los sistemas forenses para dar certeza sobre la identidad de restos localizados, lo que prolonga la incertidumbre de miles de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.
Incluso, refirió que son las propias familias quienes realizan labores de búsqueda en campo ante la falta de resultados institucionales.
Además, señaló que especialistas han advertido que no existe otro país en la región con cifras comparables de desapariciones.
No hay un país que tenga las cifras que México tiene de personas desaparecidas.
La periodista explicó que la decisión del secretario general de la ONU, António Guterres, de remitir el caso a la Asamblea General se deriva de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, lo que abre un proceso de revisión internacional sin precedentes.
Este mecanismo permite que el caso mexicano sea analizado en el sistema de Naciones Unidas y abre la posibilidad de asistencia técnica especializada en investigación criminal, búsqueda de personas y fortalecimiento de capacidades forenses.
En ese sentido, Aristegui sostuvo que este proceso podría entenderse como una oportunidad de cooperación internacional y no como una intervención externa.
Se está abriendo la puerta y la ventana para ayudar y colaborar.
Finalmente, llamó al Gobierno mexicano a reconsiderar su postura frente al informe de la ONU, al advertir que la forma en que responda será determinante para el tipo de colaboración internacional que pueda establecerse.
Ojalá que replantee su postura la presidenta de México.
