La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, cuestionó este lunes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por solicitar al Gobierno estatal las listas de asistencia de todos los maestros de la entidad.
Durante una entrevista radiofónica, la mandataria señaló que habló con el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, y cuestionó que se solicite este tipo de información sin considerar las condiciones geográficas y de conectividad que existen en Veracruz.
Nahle afirmó que el auditor es originario de Xalapa, pero sostuvo que “no conoce Veracruz”, al referirse a las comunidades alejadas donde se encuentran algunas escuelas.
Como ejemplo, mencionó al municipio de Uxpanapa, donde existen comunidades de difícil acceso y escuelas multigrado, en las que un mismo docente puede atender a alumnos de diferentes grados. La gobernadora también señaló que en algunas de esas comunidades no existe acceso a internet, por lo que cuestionó la posibilidad de implementar mecanismos electrónicos para registrar la asistencia de los profesores.
“Imagínense que yo tenga que ir a una comunidad del Uxpanapa”, expresó Nahle al explicar las condiciones en las que trabajan algunos maestros veracruzanos.
La mandataria calificó la solicitud como “una locura” y dijo que, pese a considerar excesivo el requerimiento, su administración entregará la información solicitada por la ASF para evitar nuevas observaciones.
“Yo voy a cumplir”, afirmó Nahle, quien incluso ironizó con la cantidad de documentación que podría tener que entregar al órgano fiscalizador al señalar que serían “cajas y cajas” de papel.
El episodio exhibe la fricción entre la lógica de la fiscalización federal y la realidad operativa de un estado con miles de escuelas en zonas rurales y de difícil acceso. La ASF pide evidencia documental de la asistencia docente; el gobierno estatal responde que cumplirán, pero advierte que el requerimiento ignora las condiciones materiales de las comunidades donde trabajan esos maestros.
No es un detalle menor. En Veracruz hay regiones donde llegar a una escuela implica horas de camino, donde un solo maestro atiende varios grados a la vez y donde el internet simplemente no existe. Pedir listas de asistencia electrónicas o registros digitales en esas condiciones, dice la gobernadora, es pedir lo imposible. Y aun así, la instrucción es cumplir: entregar la información para evitar nuevas observaciones.
La ironía de las “cajas y cajas” de papel resume el choque: un órgano fiscalizador que exige documentación exhaustiva y un gobierno estatal que, entre la sierra y la selva, tendrá que producirla a mano. Nahle ya adelantó que no peleará el requerimiento; lo que sí hizo fue dejar constancia pública de que le parece desproporcionado.
Queda por verse cuántas “cajas y cajas” terminarán llegando al órgano fiscalizador y si la entrega de la información cerrará el capítulo o abrirá nuevas observaciones. Por lo pronto, la gobernadora ya puso el tema sobre la mesa: fiscalizar sí, pero conociendo el territorio.
