La Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula denunció un nuevo ataque armado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la Encargatura de la Mina de la Providencia, en el municipio de Aquila, Michoacán.
La comunidad dijo en un comunicado, que “un número indeterminado de sujetos armados pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incursionaron en dicha localidad y agredieron a balazos a un comunero”.
El hombre trabaja como empleado del Ayuntamiento de Aquila en labores de fontanería y se encontraba en su jornada laboral al momento del ataque, dijo la comunidad.
Foto: Redes sociales
La organización comunitaria señaló que la agresión fue repelida por la Guardia Comunal, aunque confirmó que la víctima “se encuentra herida de gravedad” y que su identidad se mantiene reservada “por razones de seguridad”.
También recordó que los últimos ataques contra la comunidad ocurrieron a finales de mayo de 2026.
También, en el documento, la comunidad responsabiliza a células del CJNG con presencia en la región costa-sierra de Michoacán, particularmente en Huitzontla, municipio de Chinicuila, y en distintos puntos de Coalcomán, además señalaron el flujo de armamento desde el estado de Colima.
Asimismo, advierte que el grupo criminal ha mantenido presencia en la zona desde al menos 2020, periodo en el que, aseguró la comunidad, ha impulsado el desplazamiento forzado de familias mediante asesinatos y desapariciones.
El crecimiento explosivo del cártel criminal en la región se ha dado en medio de una insuficiente actuación por parte de las instituciones encargadas de la seguridad.
El comunicado fue dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, además de medios de comunicación y organismos de derechos humanos.
La comunidad reiteró su exigencia de instalar una Base de Operaciones Interinstitucional integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán en la localidad de Los Parejos, Chinicuila.
Insistieron en que esta demanda ya ha sido presentada desde hace más de dos años y ninguna autoridad les ha atendido.
Entre sus exigencias también se encuentra el “desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel funcionarios y mandos policiales corruptos”, así como la presentación con vida de comuneros desaparecidos y el esclarecimiento de “42 asesinatos” atribuidos a la violencia en la región.
Finalmente, el documento reclama el respeto a la autonomía de su sistema de seguridad comunitaria y el cese de la violencia contra pueblos originarios.
¡Alto total a la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México!.
