Brenda Quevedo Cruz, acusada en el Caso Wallace, está a punto de recuperar su libertad después de casi dos décadas detenida. En 2007, a los 24 años, fue detenida y permaneció 16 años y medio en prisión preventiva sin recibir una sentencia. En junio de 2024, su medida cautelar se modificó a prisión domiciliaria, donde estuvo bajo vigilancia y con un localizador electrónico. Sin embargo, después de una audiencia de 12 horas, un juez determinó modificar nuevamente las condiciones cautelares debido a que las circunstancias habían cambiado desde 2024, incluyendo el fallecimiento de la madre de la víctima, Isabel Miranda de Wallace, en marzo de 2025.
Aunque Brenda Quevedo aún no recupera plenamente su libertad, el proceso penal en su contra continúa y deberá cumplir otras medidas cautelares, como acudir a firmar periódicamente y solicitar autorización judicial para salir del país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria han documentado prácticas de tortura y exposición pública de personas señaladas como responsables del secuestro, a pesar de que en México toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Solo una de las personas acusadas en este caso, Juana Hilda González Lomelí, ha obtenido su libertad después de 19 años y cinco meses en prisión, gracias a un amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025, que ordenó su inmediata y absoluta libertad debido a la insuficiencia de pruebas y a las inconsistencias en el proceso.
