La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó este lunes, de manera unánime, asumir el conocimiento de tres recursos de queja vinculados a las alteraciones en el Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, en Quintana Roo. La determinación judicial ocurre tras varios meses de debate generado por el proyecto turístico Perfect Day, impulsado por Royal Caribbean, el cual fue anulado por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) durante el pasado mes de mayo.
Al asumir esta facultad de atracción, el máximo tribunal del país tiene la oportunidad de fijar precedentes sobre la dimensión del derecho humano a un entorno sano en contraste con los planes de desarrollo municipal. Entre las cuestiones a debatir destaca la legitimidad de las comunidades para objetar resoluciones de planeación territorial que repercutan en su hábitat, así como la correcta interpretación de los periodos para solicitar el amparo en temas ecológicos. Los promoventes solicitan que dichos plazos se ajusten a la Constitución y al Acuerdo de Escazú para asegurar una tutela judicial efectiva.
Asimismo, se insta a los ministros a revisar la implementación de principios como la precaución, la participación social y el in dubio pro natura en la planación de los territorios. El impacto de esta resolución supera las fronteras del estado caribeño, ya que podría delinear directrices a nivel nacional sobre la defensa comunitaria frente a cambios en los esquemas de ordenamiento territorial.
La agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) informó que el litigio surge de tres amparos ciudadanos contra la modificación del programa urbano. Los expedientes corresponden a los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026, originados de los juicios de amparo 57/2026, 129/2026 y 134/2026, los cuales estaban en manos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo.
Para la organización civil, el dictamen de los ministros significa un avance crucial para el resguardo ecológico y social. Cabe recordar que el 9 de junio, DMAS entregó a la presidencia de la SCJN una petición formal para atraer los casos, argumentando que las causas cumplían con los requisitos constitucionales necesarios para su análisis por la Corte.
