El gobierno federal detectó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros entre las compras y ventas de combustible reportadas por las empresas con permiso para comercializarlo. La mayor parte del faltante corresponde al IEPS que no se pagó.
El huachicol fiscal le costó al país 61 mil 785 millones de pesos en 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum informó la cifra este miércoles al presentar los resultados de una revisión federal al mercado de hidrocarburos que encontró un desbalance de 8 mil 824 millones de litros entre lo que las empresas compraron y lo que vendieron, de acuerdo con lo reportado a las autoridades.
El hueco es, en lo esencial, impuestos que no se pagaron. El faltante corresponde principalmente al incumplimiento en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el gravamen que pesa sobre cada litro de combustible que se comercializa en el país.
La secretaria de Energía, Luz Elena Rodríguez, explicó que el análisis se concentró en las operaciones de las empresas que cuentan con permiso para comercializar combustibles. El cruce de los datos reveló esa diferencia de casi 9 mil millones de litros entre compras y ventas declaradas.
La herramienta que detectó las inconsistencias fue el Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos, creado para encontrar diferencias entre los volúmenes de combustible registrados y las operaciones que declaran las empresas del sector.
Rodríguez detalló que el gobierno ya cuenta con información sobre importadores, comercializadores y distribuidores que venden combustibles sin declarar el origen de los productos en sus facturas.
Sheinbaum precisó que el monto económico asociado a estas irregularidades corresponde a impuestos que dejaron de pagarse. La instrucción es que las compañías involucradas regularicen su situación fiscal.
Hay una fecha que ya no se puede mover. La secretaria advirtió que los desbalances correspondientes a 2025 ya no pueden modificarse debido al cierre del ejercicio fiscal. El gobierno, sin embargo, ya realiza un análisis similar para 2026, cuyos resultados dependerán del cierre del año.
La funcionaria sostuvo que las empresas que hayan utilizado de manera irregular sus permisos deberán rendir cuentas ante las autoridades competentes y ponerse al corriente con sus obligaciones tributarias.
El gobierno federal busca con estas revisiones identificar posibles prácticas relacionadas con el llamado huachicol, así como combatir la evasión fiscal en la importación, la distribución y la comercialización de combustibles.
Lo que sigue es la regularización forzosa de las compañías señaladas y el análisis en curso sobre 2026. Falta conocer cuántas empresas están en la lista, qué sanciones enfrentarán las que no se pongan al corriente y si el desbalance de este año repite el tamaño del de 2025.
