Familia de López Elías denuncia ante CIDH persecución política del gobierno de Chihuahua
Fátima y Mauricio López, hijos del especialista en finanzas públicas José Pedro López Elías, presentaron una solicitud urgente de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, D.C., para detener lo que la familia considera una campaña sistemática de persecución, hostigamiento judicial, estigmatización pública y afectación patrimonial coordinada desde el gobierno de Chihuahua.
Acompañados por su abogado defensor, Héctor Alberto Pérez Rivera, los denunciantes señalaron directamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal Anticorrupción de la entidad, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, como los principales responsables políticos de estos hechos.
Durante su presentación ante la sede del organismo interamericano, los hijos de López Elías detallaron que el acoso ha trascendido los tribunales y se ha extendido a una vigilancia física sobre la familia, que incluye a la esposa, hijos, nueras y nietos menores de edad del acusado.
“Hemos sufrido una persecución tremenda… han puesto drones encima de la guardería de mi niño”, denunció uno de los hijos al salir de la CIDH, señalando que en México no han encontrado las garantías mínimas para acceder a una defensa adecuada.
La solicitud de medidas cautelares busca proteger la vida, la salud y la integridad física del Dr. López Elías, de 66 años, quien actualmente padece una condición médica tras procesos oncológicos recientes que requieren estricta vigilancia médica especializada, según información de la propia familia. La defensa aclaró que no busca evadir la justicia ni detener las investigaciones, sino asegurar que el proceso se conduzca bajo el respeto a los derechos humanos y que no se cause un daño irreversible a la salud o vida del acusado.
El origen del caso: el refinanciamiento de la deuda estatal
La acusación penal contra López Elías se remonta al refinanciamiento de la deuda pública a largo plazo del Estado de Chihuahua realizado entre 2019 y principios de 2020. En ese entonces, el despacho López Elías Finanzas Públicas, una firma con más de 20 años de experiencia, fue contratado a través de un fideicomiso para gestionar el proceso.
Según la defensa, el refinanciamiento tuvo un resultado financiero favorable para la entidad, con lo que se logró la liberación de más de 7 mil 482 millones de pesos en beneficio de las finanzas estatales.
El proceso contó con la validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue aprobado por el Congreso del Estado y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la constitucionalidad del decreto correspondiente.
Asimismo, tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) en 2020 como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizaron el proceso sin emitir, según la información de la propia familia, observaciones sobre los aspectos señalados por la defensa.
La defensa sostiene que en 2022 la ASE realizó una segunda auditoría forense que considera inconstitucional y que estuvo dirigida exclusivamente a revisar el contrato del despacho. En dicho informe, la auditoría local concluyó, bajo la premisa de que “el despacho no realizó el trabajo pero sí cobró el dinero”, que existían irregularidades.
Según la defensa, esto sirvió de base para que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) presentara una denuncia penal por peculado agravado, acusándolo de planificar un desfalco en complicidad con exfuncionarios.
No obstante, la defensa ha denunciado contradicciones e irregularidades procesales, ya que dentro de la carpeta de investigación se ubican los informes entregados por el despacho y los acuses de recibo del banco fiduciario (Banregio). Apuntan que desde 2023, las autoridades de Chihuahua se negaron a recibir las pruebas de descargo y la memoria documental de 23 tomos que acredita el cumplimiento del contrato.
La fiscalía ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la esposa e hijos de López Elías, quienes, según la defensa, no tienen relación jurídica con el despacho. También ordenó el embargo de la cuenta personal de López Elías, abierta en 2024 únicamente para recibir su pensión por jubilación del IMSS, recurso que la defensa considera legalmente inembargable.
La batalla legal ha escalado al ámbito federal. A la fecha, la defensa ha obtenido resoluciones favorables en “tres actuaciones federales”, en las que un juez y un Tribunal Colegiado determinaron, que el caso corresponde al ámbito federal, debido a que los recursos involucrados corresponden a participaciones federales, cuya fiscalización es facultad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no del estado.
Desde el 9 de enero de 2026, un Tribunal Colegiado ordenó formalmente a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua transferir la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la defensa sostiene que la fiscalía estatal y el juez local se han negado a acatar la resolución, lo que ya derivó en la aplicación de multas por desacato contra ambos funcionarios por parte de los magistrados federales.
La familia López Elías confía en que la intervención de la CIDH arrojará luz internacional sobre lo que considera un caso paradigmático de lawfare, término que utiliza para describir el supuesto uso punitivo del aparato de justicia penal en México.
