EU impone sanciones a la Corte Penal Internacional; la acusa de amenaza a su soberanía
El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos. Washington busca limitar las acciones del tribunal, al que acusa de ser una amenaza para su soberanía, anunció el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado lo dijo sin rodeos: “Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”.
La medida venía cocinándose desde hace semanas. El 21 de septiembre, Reuters informó que el gobierno estadounidense preparaba sanciones contra la Corte, lo que muestra que la decisión ya estaba en consideración antes de su anuncio formal.
El choque no es nuevo. Washington ha cuestionado la jurisdicción de la CPI y sus actuaciones contra autoridades israelíes. Entre los antecedentes están las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
En febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para establecer sanciones contra la Corte. Posteriormente, Estados Unidos impuso restricciones a jueces y fiscales vinculados con el tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión. Dijo que las medidas buscan responder a lo que el gobierno estadounidense considera una amenaza contra su soberanía. La Administración también llamó a sus aliados dentro de la Corte a trabajar en soluciones para poner fin a esa situación.
“Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC. This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever”, publicó Rubio.
Las sanciones pueden afectar las operaciones financieras de la CPI y su acceso a determinados servicios. El alcance concreto dependerá de las restricciones establecidas por Washington y de las personas o entidades incluidas en las medidas.
En paralelo a los anuncios, medios de comunicación difundieron información sobre la ganadora del Premio Nobel de la Paz y su relación con la Corte Penal Internacional, descontextualizando e intentando generar una impresión equivocada sobre las sanciones y el premio.
La jurista sudafricana Navi Pillay fue jueza de la CPI entre 2003 y 2008 y posteriormente ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su trayectoria judicial se remonta a años anteriores a las actuales medidas del gobierno de Trump.
Por ello, importa la distinción: la trayectoria profesional de Pillay, el reconocimiento internacional que recibió y las sanciones estadounidenses contra la Corte son hechos distintos. La coincidencia temporal de estos acontecimientos no demuestra, por sí misma, que exista una relación directa entre ellos.
La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.
Lo que falta por confirmar: el alcance concreto de las sanciones anunciadas este viernes —personas y entidades incluidas— y la respuesta oficial de la Corte Penal Internacional a las medidas de Washington.
