El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, afirmó que la estrategia nacional antidrogas de Estados Unidos representa un viraje relevante respecto a documentos anteriores, al introducir un enfoque más agresivo y colocar a México en el centro de las acciones.
Durante su participación en Aristegui en Vivo, sostuvo que “sí hay un cambio de paradigma” y subrayó que el documento “utiliza un lenguaje de guerra que no había utilizado”, lo que podría derivar en mayores niveles de presión e intervención.
Explicó que, aunque la estrategia hace referencia a cadenas de suministro provenientes de otras regiones como India u otros países, “los puntos esenciales sí están puestos en México”, lo que, dijo, debe analizarse junto con las recientes acciones del gobierno estadounidense. En ese sentido, advirtió: “Me da la impresión que no se han dado cuenta las autoridades mexicanas que se está construyendo un cerco”, mismo que calificó como “muy grande”.
Cossío mencionó, en primer lugar, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que, indicó, “autoriza a intervenciones, a congelamientos de cuentas”. A ello sumó la situación de decenas de personas entregadas por México a Estados Unidos, quienes “están declarando todos los días en la fiscalía todo lo que saben, a cambio de algunos premios, algunas impunidades, algunos perdones”.
También se refirió al caso del vicealmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina, con posibilidades de extradición o de rendir declaraciones fuera de México por cargos relacionados con una presunta red de huachicol fiscal con la participación de marinos, empresarios y funcionarios de aduanas.
Sobre las recientes solicitudes de Estados Unidos para detener provisionalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, con fines de extradición, aseguró que la respuesta de México, que “podría ser querer ganar tiempo”, resulta “muy débil, porque está siendo profundamente reactiva”. Explicó que las solicitudes no implican una entrega inmediata, sino que pretenden evitar la evasión de la justicia de las personas señaladas.
Subrayó que esta clase de peticiones se encuentran previstas el tratado de extradición suscrito por México, por lo que rechazó que constituyan injerencismo.
El ministro en retiro detalló que la detención provisional requiere elementos básicos como la identificación del delito, la descripción del reclamado, su paradero, la promesa de formalizar la solicitud de extradición y la declaración de una autoridad competente.
Advirtió que, en caso de que México niegue las detenciones o las extradiciones, el Estado asumiría responsabilidades adicionales. Señaló que la decisión implicaría que las autoridades mexicanas deben garantizar la integridad de las personas requeridas, ya que de ocurrir una fuga o un homicidio se cuestionaría por qué no se atendió la solicitud.
Asimismo, explicó que si se rechaza definitivamente la extradición, la legislación obliga a iniciar procedimientos penales en México. Esta disposición, dijo, podría ser utilizada como parte de una estrategia política del Ejecutivo federal, que combine la negativa a extraditar con la apertura de investigaciones internas.
En ese escenario, el caso seguiría dentro de un marco jurídico en el que Estados Unidos podría observar el desarrollo de las investigaciones, dado que existe correspondencia entre los delitos imputados en ambos países.
Sin embargo, advirtió que esa decisión no estaría exenta de consecuencias. “La presidenta toma una decisión política y Estados Unidos puede reaccionar políticamente”, señaló, al mencionar el contexto de negociaciones bilaterales, incluyendo la inminente revisión del T-MEC, como factores que podrían verse impactados.
Cossío consideró que las autoridades estadounidenses han formulado el tema en términos estrictamente legales, por lo que las solicitudes deberán responderse dentro de ese marco.
Aseguró que la explicación ofrecida por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sobre las solicitudes de detención con fines de extradición provenientes de Estados Unidos debió darse desde el inicio del conflicto, pues habría evitado confusión y tensiones innecesarias. Señaló que esa postura habría reducido “una gran cantidad de confusiones y una polarización todavía más entre nosotros los mexicanos y con los Estados Unidos”.
“Ya se estableció una discusión jurídica”, indicó, más allá del ruido político sobre supuestas motivaciones partidistas o injerencistas.
En ese sentido, explicó que si la Fiscalía General de la República (FGR) considera que no hay condiciones para ejecutar detenciones bajo los términos solicitados, corresponderá a EE.UU. justificar la urgencia de las mismas, ya sea con base en la acusación del gran jurado en Nueva York o en la solicitud del fiscal. Este intercambio, dijo, forma parte de la racionalización jurídica del conflicto.
¿Arresto domiciliario?
Consideró que las medidas de seguridad otorgadas al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya podrían funcionar como un mecanismo de control equivalente a una restricción de facto. “A lo mejor esto que están haciendo de darle seguridad ya es la forma de haberle dado una especie de arresto domiciliario”, señaló.
Aunque reconoció que no se presentará públicamente en esos términos, explicó que estas medidas permiten a las autoridades mantener a las personas localizadas: “No se puede perder, no se puede escapar”, lo que incluso podría interpretarse como una forma de resguardo en tanto se formalizan solicitudes internacionales .
Subrayó que los elementos de seguridad asignados no dependen de las autoridades sinaloenses, sino de las federales, lo que implica un monitoreo constante de sus movimientos. Sugirió que podría tratarse de una estrategia transitoria mientras se define la actuación formal frente a las solicitudes estadounidenses, aunque advirtió que una medida de este tipo difícilmente satisfaría las expectativas del vecino país.
Fuero no impide extradición
Sobre el debate en torno a la situación del otro de los coacusados, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien aún no ha solicitado licencia, Cossío recordó que el tratado de extradición firmado en 1978 entre México y Estados Unidos establece únicamente dos excepciones: delitos políticos y delitos militares.
Por lo tanto, sostuvo que la inmunidad procesal no impediría una extradición, ya que su alcance es interno. “El fuero protege para los casos en México”, explicó, al señalar que, conforme al objeto y fin del tratado -interpretado bajo criterios de la Convención de Viena-, México estaría obligado a entregar a las personas requeridas salvo en los supuestos expresamente excluidos .
Señaló que cuando un funcionario solicita licencia pierde automáticamente el fuero, lo cual, dijo, está claramente establecido en la jurisprudencia, al referirse a criterios recientes que confirman que la separación del cargo elimina la inmunidad procesal, pese a debates públicos que han retomado interpretaciones antiguas.
Respecto al fondo de las acusaciones, particularmente en el caso de Rubén Rocha Moya, subrayó que presentan una dimensión distinta a otros precedentes, como el del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, donde se señalaban vínculos con el narcotráfico en funciones operativas. Aquí, dijo, se plantea una posible intervención directa en procesos electorales.
La acusación señala que recursos provenientes de actividades ilícitas habrían sido utilizados para financiar campañas, influir en votaciones y consolidar estructuras de poder político. Esta situación, añadió, implica “una dimensión completamente distinta”, al fusionar la actuación como autoridad formal con la de actor dentro de las estructuras criminales .
Cossío advirtió que este tipo de señalamientos apuntan a la posible penetración del Estado por organizaciones criminales, en la que una misma persona puede actuar simultáneamente como autoridad pública y como operador delictivo, lo que complejiza la respuesta institucional.
También se refirió a la creciente presencia operativa de agencias estadounidenses en territorio mexicano, más allá de la cooperación formal en inteligencia, lo que, a su juicio, constituye un elemento relevante en el análisis del momento actual.
Cossío evitó hacer un pronóstico sobre el desenlace del caso, al considerar que se trata de un escenario abierto y de alta complejidad, marcado por factores jurídicos, políticos y diplomáticos. No obstante, coincidió en que se trata de un “punto de quiebre”, tanto por la naturaleza de las acusaciones como por sus posibles implicaciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
