Por: Daniella Ovalle La impunidad no es un concepto abstracto en Veracruz: es una cifra. De las 361 denuncias que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó ante la autoridad judicial en los últimos años, apenas diez han logrado llegar a la etapa de juicio. El resto, 351 expedientes, se quedaron atrapados en el laberinto de los juzgados, sin que nadie rinda cuentas. Los datos, contenidos en el informe anual del organismo, revelan una realidad incómoda para el sistema de justicia local: la fiscalización detecta irregularidades, pero el castigo casi nunca llega. De esas diez denuncias que sí avanzaron, solo tres han terminado en sentencia condenatoria. Las demás siguen en proceso o fueron sobreseídas. ¿Qué pasa entre la denuncia y el juez? Abogados consultados coinciden en que el problema no es la falta de pruebas, sino la saturación de los juzgados y, en algunos casos, la falta de voluntad política para perseguir a los señalados. La mayoría de los expedientes se archivan por “falta de elementos” o porque los plazos legales se vencen mientras el caso duerme en un cajón. El Orfis, por su parte, insiste en que su labor termina cuando entrega el expediente. “Nosotros no juzgamos, solo señalamos”, dicen sus funcionarios. Pero los ciudadanos que ven cómo los señalamientos se diluyen en el sistema se preguntan: ¿de qué sirve señalar si nadie castiga?
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