Gobernadora de Veracruz minimiza iniciativa del PRI para quitarle el fuero constitucional
Rocío Nahle García, titular del Ejecutivo estatal, restó importancia a la estrategia política anunciada por el Partido Revolucionario Institucional para buscar la eliminación del fuero constitucional de los altos mandos del gobierno. La mandataria afirmó que la protección legal no es un obstáculo para su gestión ni una condición indispensable para ejercer su cargo con eficacia, enfatizando su compromiso con la labor pública por encima de las garantías procesales.
El origen de esta controversia se encuentra en la iniciativa que la diputada local Ana Rosa Valdés prepara para presentar ante el Congreso local, según informó Adolfo Ramírez Arana, dirigente estatal del PRI. El objetivo de la propuesta es retirar la inmunidad a la gobernadora y a los secretarios de despacho, buscando alinear las reglas de juego con las reformas que el propio gobierno estatal ha impulsado para quitar la protección penal a presidentes municipales y síndicos. Ante los cuestionamientos sobre si aceptaría la pérdida de dicha protección, Nahle respondió con claridad que su desempeño está desligado de esa circunstancia.
La postura de la gobernadora busca trasladar el debate hacia la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas. Nahle sostuvo que cualquier funcionario público debe asumir las consecuencias de sus actos, independientemente de los privilegios legales que acompañen su cargo. Al respecto, la mandataria subrayó que su deber es trabajar correctamente y que, en caso de cometer errores, está dispuesta a dar cuentas ante la ciudadanía. Esta declaración intenta neutralizar el golpe político del PRI al presentar la falta de protección como irrelevante para la continuidad de los proyectos de la administración.
Además de defender su postura, la gobernadora realizó un contragolpe histórico al recordar que durante las décadas en que el PRI tuvo el control político del país, nunca se plantearon iniciativas similares para retirar el fuero a los gobernadores. Este argumento busca evidenciar la incoherencia de la actual oposición, que ahora pretende modificar reglas que históricamente beneficiaron a su propia estructura de poder. La crítica apunta a la selectividad con la que el partido opositor aborda el tema de la impunidad, utilizando la iniciativa como una herramienta de confrontación más que como una reforma de fondo.
La iniciativa será analizada en el seno del Congreso local una vez que sea presentada formalmente en la próxima sesión. Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene su enfoque en la administración pública, dejando claro que la discusión sobre el fuero no frenará las políticas públicas. Para la ciudadanía, este intercambio resalta la tensión entre la necesidad de mecanismos de control sobre los altos cargos y las dinámicas partidistas que suelen instrumentalizar las reformas legales para fines electorales, dejando pendiente la verdadera revisión de las responsabilidades penales de quienes dirigen el estado.
