El despojo de propiedades ha dejado de ser considerado un simple conflicto civil entre vecinos para convertirse en una modalidad de crimen organizado que opera a través de bienes raíces y con complicidad institucional. En Veracruz, la Fiscalía del estado ha confirmado la existencia de una red dedicada al despojo de inmuebles, conocida como “Cártel Inmobiliario”, que involucra a abogados, notarios, jueces y funcionarios judiciales.
La falta de un sistema de inteligencia sobre bienes patrimoniales abandonados o en litigio permite que estas redes criminales operen con impunidad. Se estima que alrededor de 600,000 viviendas deshabitadas en el país están expuestas al riesgo de ser invadidas, y sin un padrón o alertas tempranas, las autoridades solo investigan el despojo después de que ha ocurrido. La complicidad institucional es otro factor que contribuye a la gravedad del problema, ya que en algunos casos, los propios funcionarios judiciales y policiales están involucrados en estas redes criminales.
En Puebla, por ejemplo, se iniciaron 784 carpetas de investigación por despojo durante 2025, lo que sugiere que el problema es más grave de lo que se pensaba. La falta de transparencia y auditoría en las instituciones permite que esta corrupción activa siga ocurriendo. Es necesario que las autoridades tomen medidas para prevenir y combatir el despojo de propiedades, y que se eleve a la agenda del Sistema Nacional de Seguridad Pública como una modalidad de crimen organizado que requiere atención inmediata.
