El secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández, informó que recursos destinados a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) fueron canalizados a través de una cadena de tres intermediarios antes de llegar a docentes y empleados. Según datos de Sefiplan, la operación, que asciende a aproximadamente 280 millones de pesos, comenzó en la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL, A.C.) y siguió este recorrido: 1. Transferencia a una empresa inmobiliaria. 2. Paso a una segunda inmobiliaria. 3. Llegada a una agencia de publicidad, desde donde se efectuaron los pagos. Los movimientos no se registraron como pagos por servicios educativos, sino bajo rubros de honorarios o servicios publicitarios. Este procedimiento habría permitido que los profesores prestaran sus servicios a la UPAV sin establecer una relación laboral directa, limitando el reconocimiento de derechos como la antigüedad y otras obligaciones laborales. Ante estos hallazgos, el gobierno estatal presentó dos querellas: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Fiscalía General del Estado, por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Las investigaciones determinarán quiénes participaron en la cadena de transferencias, el origen y destino final de los recursos, y si la totalidad de los 280 millones corresponde a fondos ilícitos. El secretario Reyes Hernández se abstuvo de nombrar a personas o empresas específicas, señalando que será la labor de las fiscalías la que establezca las responsabilidades penales y la naturaleza exacta de las operaciones.
