Los gobiernos federal y el estatal de Puebla fueron acusados de utilizar vehículos blindados de tecnología militar de origen israelí durante el operativo de seguridad desplegado desde el 29 de junio en San José Chiapa, Puebla, donde comunidades campesinas e indígenas mantienen un conflicto por la defensa de su territorio.
La acusación se difundió a través del sitio Nodo de Derechos Humanos, en una carta internacional firmada por decenas de organizaciones, colectivos, académicos, periodistas y activistas de México y otros países.
En redes sociales, pobladores han difundido videos para mostrar la situación.
Sostienen que el uso de ese equipo representa una violación a tratados internacionales, constituye un acto de intimidación contra la población y reproduce prácticas militares empleadas por Israel en Palestina.
De acuerdo con el documento, en el operativo participan vehículos Black Mamba APC SandCat, fabricados en México por las empresas TPS Armoring y Epel Tácticos, derivados del modelo SandCat de la firma israelí Plasan.
Los firmantes aseguran que ese mismo modelo es utilizado por el Ejército de Israel durante redadas en Cisjordania y Gaza, por lo que consideran que su empleo en territorio mexicano coloca al Estado “en la cadena de complicidad” con ese conflicto.
Cuando un Estado parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y del Tratado sobre el Comercio de Armas, como lo es México, despliega vehículos blindados de fuerzas especiales como el Black Mamba APC SandCat (…) para ocupar territorios campesinos (…), falta a su deber de prevenir el genocidio y de no volverse cómplice de él.
En el pronunciamiento precisan que desde el 29 de junio el gobierno de Puebla mantiene un cerco policiaco con fuerzas especiales en San José Chiapa.
También, acusan al gobernador Alejandro Armenta de ordenar la ocupación del territorio y amenazar con judicializar a personas defensoras del medio ambiente que se oponen a proyectos en la zona.
El conflicto en San José Chiapa se originó por la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), un proyecto impulsado por los gobiernos federal y de Puebla para el manejo y aprovechamiento de residuos.
Mientras las autoridades, a través de posicionamientos públicos, sostienen que la iniciativa generará empleos, atraerá inversión y mejorará la gestión de residuos, habitantes y organizaciones que se oponen al proyecto porque aseguran que podría afectar el agua, el medio ambiente y las tierras de la región.
Además, denuncian falta de información y de consulta a las comunidades.
Asimismo, cuestionan la actuación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por impulsar una política contra comunidades campesinas e indígenas “en nombre de la sustentabilidad y el bienestar”.
Farol de la calle, oscuridad de la casa.
Los firmantes resaltan que utilizar equipamiento militar contra una comunidad desarmada que se manifiesta pacíficamente constituye un uso desproporcionado de la fuerza pública.
Asimismo, sostienen que esa actuación contraviene los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el cual obliga al Estado a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
La sola presencia de estos vehículos cumple una función de intimidación y, como tal, constituye una forma de violencia estatal”, indica el pronunciamiento.
La carta también sostiene que el Estado mexicano incumple obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Tratado sobre el Comercio de Armas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Los firmantes aseguran que México mantiene colaboraciones con Israel mediante la producción, adquisición y utilización de tecnología militar derivada de diseños israelíes.
Al normalizar y desplegar tecnología militar de linaje israelí para cometer sus propios crímenes (…), México se coloca en la cadena de complicidad.
En el documento las personas hacen un llamado a visibilizar estas prácticas y a evitar que se normalice el uso de ese tipo de tecnología en operativos contra comunidades campesinas e indígenas.
Además, exhortan al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, protección de personas defensoras del territorio y uso legítimo de la fuerza.
“Acabar con los crímenes contra la humanidad no será posible si desde abajo no hacemos visibles estas complicidades. La responsabilidad que adquiere un Estado como el mexicano al producir, adquirir y emplear este tipo de equipamiento no puede quedar en el silencio y la conformidad”, expresa la carta.
El pronunciamiento concluye con una condena a la ofensiva militar de Israel contra Palestina y rechaza que armamento, vehículos o tácticas de origen israelí sean utilizados en México.
“Declaramos abiertamente nuestra condena al genocidio perpetrado por Israel contra Palestina, y condenamos igualmente a quienes se vuelven cómplices al reproducir, adquirir y utilizar esas armas y técnicas de guerra y exterminio contra sus propios pueblos, como ocurre hoy en México, en San José Chiapa.”
La carta fue respaldada por decenas de organizaciones sociales, colectivos de solidaridad con Palestina, agrupaciones de derechos humanos, comunidades indígenas, medios de comunicación, académicos y activistas.
Entre ellos, de México, España, Colombia, Uruguay, Grecia, Italia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Haití y Canadá, además de cientos de personas firmantes a título individual.
Hasta la difusión del pronunciamiento, los gobiernos federal y el de Puebla no habían emitido una postura como respuesta a los señalamientos de la carta.
