El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que la iniciativa de modificaciones a la reforma judicial, presentada en la Cámara de Diputados no corrige los principales riesgos del nuevo modelo de elección de jueces, magistrados y ministros.
La propuesta legislativa plantea ajustes a la reforma judicial ya aprobada previamente, con el objetivo de atender observaciones sobre la selección de perfiles, la falta de criterios técnicos en los procesos y el diseño institucional del Poder Judicial de la Federación.
En la iniciativa se incluyen cambios a diversos artículos de la Constitución, relacionados con la integración y elección de personas juzgadoras, para intentar reforzar el esquema vigente.
Sin embargo, el Centro Prodh señaló que el elemento central del modelo permanece sin cambios y es la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
En su posicionamiento, la organización civil indicó que la propuesta busca “corregir falencias graves y mitigar daños como la falta de rigor en los perfiles y el riesgo de una justicia politizada”.
Sin embargo, advirtió que mantener el mecanismo de elección por voto ciudadano no resuelve el problema estructural del diseño judicial.
De acuerdo con el Centro Prodh, este esquema mantiene abierta la posibilidad de que la integración del Poder Judicial quede sujeta a dinámicas políticas, lo que podría afectar la independencia judicial y debilitar la carrera profesional dentro del sistema de justicia.
Además, el organismo consideró que los ajustes planteados se enfocan en aspectos secundarios, sin modificar el punto de fondo del modelo de elección.
Por ello, insistió en que el debate sobre la reforma no debe limitarse únicamente al Poder Judicial y señaló la necesidad de revisar el funcionamiento de las fiscalías, al sostener que “son la verdadera raíz de la impunidad” en el país.
Finalmente, el Centro Prodh llamó a que cualquier modificación constitucional en materia de justicia se discuta con rigor técnico, apertura y participación pública, debido a su impacto directo en el acceso a la justicia y en la protección de derechos en México.
