Ayotzinapa: La CNDH sostiene su blindaje al Ejército y complica el regreso del GIEI a la investigación
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un nuevo informe respecto a las investigaciones del caso Ayotzinapa, donde refrenda que “no existe evidencia objetiva” que acredite la participación de la Secretaría de Defensa Nacional en la desaparición forzada de los normalistas.
La Recomendación 208VG/2026 de la CNDH contrasta con las conclusiones del sexto informe y último del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en 2023, por lo que complica el regreso de la dependencia internacional a la investigación.
Mientras el GIEI denunció la omisión de la colaboración de la Sedena, así como la ocultación de diversos archivos, la CNDH respalda al Ejército deslindándolos de su participación en el suceso del 2014 y asegurando que son una dependencia con “plena apertura y disposición para colaborar”.
La Comisión ha emitido diversas contrariedades en su indagatorias como el registro de hasta 92 estudiantes como víctimas en el último reporte, en comparación de las 83 documentadas en 2018. Del total, identificó a 40 casos de desaparición forzada, seis ejecuciones, además de casos de lesiones, víctimas de torturas, entre otras.
La CNDH reconoció ahora 92 estudiantes como víctimas directas de violaciones graves a derechos humanos, frente a las 83 documentadas en la recomendación de 2018.
De ese total, identificó 40 casos de desaparición forzada, seis ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Julio César Mondragón -cuya muerte calificó como resultado de actos de extrema violencia perpetrados por integrantes de Guerreros Unidos y policías locales-, además de estudiantes lesionados y sobrevivientes que fueron víctimas de tortura, uso excesivo de la fuerza o tratos crueles.
Uno de los cambios más relevantes se refiere al caso de Julio César Mondragón. La recomendación de 2018 atribuía las lesiones en su rostro a la acción de la fauna depredadora tras su muerte, mientras que en pleno 2026 se señaló que el occiso fue víctima de tortura mediante el uso de objetos cortopunzantes antes de una ejecución extrajudicial.
Desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha emitido una narrativa de protección hacia la Sedena y en pleno 2026 se elude la intromisión de la GIEI que, desde el inicio de sus indagatorias, ha señalado al Ejército como un participante activo en el caso y evasivo en la colaboración.
