El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, anunció una propuesta para modificar las leyes y reducir los tiempos de sanción por corrupción. Admitió que hay asuntos de administraciones anteriores sin resolverse y exigió que el dinero desviado regrese al erario.
La Auditoría Superior de la Federación quiere leyes con dientes. Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, propuso este martes en Xalapa modificar el marco legal para agilizar las sanciones por corrupción y acelerar la recuperación de recursos públicos desviados, ante procedimientos de administraciones anteriores que siguen sin resolverse.
El planteamiento es directo: reducir los tiempos de actuación de las autoridades para sancionar a quienes incurran en irregularidades y lograr que devuelvan el dinero público utilizado indebidamente. No es un diagnóstico nuevo, pero sí una admisión pública de que los casos arrastrados ya no pueden seguir en la inercia de los expedientes.
“Las modificaciones a las leyes nos van a poder hacer que tengamos una reacción mucho más inmediata a cualquier tema que tengamos para sancionar a alguien y sobre todo para que regresen lo que se hayan llevado indebidamente”, afirmó Hernández Palacios Cardel.
El auditor federal explicó que actualmente existen asuntos pendientes de gobiernos anteriores, por lo que consideró indispensable modernizar el marco legal para que los procedimientos sean más rápidos y eficientes. No detalló cuáles expedientes ni por qué montos: el rezago se enunció en genérico.
La ASF trabaja en coordinación con distintas instancias del Gobierno federal, autoridades de justicia administrativa y la Fiscalía General de la República para impulsar los cambios legales. La alianza incluye a la FGR como pieza central del rediseño.
“Estamos trabajando con la Fiscalía General de la República para hacer una modernización de nuestras leyes, para poder tener mucho más dientes, para poder atacar a la gente que hace un acto de corrupción, poderla sancionar de inmediato y además buscar el resarcimiento inmediato del recurso público que se haya perdido”, expresó.
Hernández Palacios Cardel añadió que la reducción de los tiempos de respuesta es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la impunidad. La velocidad, dijo, no puede ser pretexto para saltarse la ley: los procedimientos deben avanzar más rápido sin dejar de cumplir las disposiciones legales.
Sobre los procedimientos derivados de irregularidades detectadas en administraciones anteriores, el titular de la ASF explicó que hay distintos mecanismos en curso. Enumeró créditos fiscales, resarcimientos ya ejecutados y procesos penales en trámite.
“Están los créditos fiscales, hay resarcimientos que ya se llevaron a cabo, hay procesos penales que están llevando su curso, hay funcionarios públicos que están en la cárcel”, señaló.
El auditor sostuvo que contar con mecanismos más eficientes permitiría mejorar la fiscalización y la rendición de cuentas, además de evitar que las sanciones y la recuperación del dinero público se prolonguen durante años. El dato de fondo: hay expedientes que envejecen en los cajones mientras el dinero sigue sin regresar.
Las declaraciones se dieron en Xalapa, durante la firma del convenio de colaboración para implementar el Programa Nacional de Auditorías y Auditores Universitarios, realizada en el Centro Cultural Tlaqná de la Universidad Veracruzana.
Lo que falta por confirmar es el calendario: el auditor anunció la intención de reformar las leyes, pero no precisó cuándo se presentaría la propuesta ni qué artículos se modificarían. Tampoco cuantificó el monto de los recursos pendientes de recuperar en Veracruz.
