Asesinato del periodista Josué Martínez refleja la crisis de libertad de prensa en Puebla
El periodista Juan Manuel Alonso Ramírez, director del medio Noticias San Martín Texmelucan, Puebla, fue asesinado durante la mañana de este jueves. De acuerdo con la organización Artículo 19, fue interceptado y atacado con arma de fuego en la colonia San Lucas Atoyatenco, cerca de su domicilio, poco antes de las 9:00 horas.
El deceso fue confirmado por el gobierno municipal de San Martin Texmelucan, sin precisar detalles.
“Con profundo pesar, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento del Lic. Josué Martínez Contreras, Director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz.”, dice la publicación hecha por el municipio.
Foto: Artículo 19
Artículo 19 exigió “una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que esclarezca el asesinato de Josué Martínez Contreras y considere como línea prioritaria de investigación su labor periodística“.
Desde el año 2000 hasta la fecha se han documentado cuatro asesinatos de periodistas en Puebla, incluyendo el más reciente de Alonso Ramírez. Los demás son: Marco Aurelio Ramirez Hernandez (2023), Aurelio Cabrera Campos (2016) y Adrián Silva Moreno (2012), según Artículo 19.
El riesgo para el periodismo en Puebla no se limita al asesinato de periodistas, sino se refleja también en estigmatización y criminalización a medios independientes, al igual que reformas recientes al Código Penal que, según organizaciones, afectan a la libertad de prensa.
En abril de 2025, Artículo 19 exigió al gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, cesar el uso de la tribuna pública en contra de los integrantes de la prensa, especialmente en contra de Rodolfo Ruiz, entonces director del medio digital e-consulta.
De acuerdo con el pronunciamiento de la organización defensora de la libertad de expresión, el gobernador utilizó un discurso estigmatizante durante su conferencia de prensa del 7 de abril de 2025, en la cual criminalizó al comunicador al acusarlo de dirigir “una red de delincuencia cibernética”.
La agrupación advirtió que este tipo de declaraciones contraviene los estándares internacionales y justifica la violencia contra los periodistas en una de las entidades con mayores índices de agresiones documentadas en el país.
En junio de este año, Rodolfo Ruiz Rodríguez anunció su salida de la dirección de e-consulta, medio de comunicación fundado por él hace casi 24 años.
Foto: Archivo Cuartoscuro
De acuerdo con testimonios de los reporteros del propio portal, recabados por Proceso, el cargo de director general fue asumido por Miguel Ángel García Muñoz, quien hasta hace unos días se desempeñaba como Director de Legalización y Apostilla en la Secretaría de Gobernación estatal, y que anteriormente ocupó la Dirección de Noticias en el Sistema de Información y Comunicación de Puebla bajo la administración del gobernador Alejandro Armenta.
Esta transición directiva provocó la dimisión de una parte considerable del equipo editorial que continuaba en el medio.
Los cambios reavivaron las versiones sobre una posible injerencia del gobierno estatal en la línea editorial del portal.
Pero eso no es todo.
Foto: Archivo Cuartoscuro
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló en junio del año pasado que las modificaciones aprobadas al Código Penal del estado de Puebla, representan un marco legal que amenaza con “censurar expresiones legítimas, violan el derecho a la libertad de expresión y son incompatibles con la Constitución”.
Según el pronunciamiento del organismo especializado, la adición de los artículos 258 Ter y 480, orientados a sancionar la usurpación de identidad y el ciberasedio, se estructuró a través de conceptos jurídicos ambiguos que generan incertidumbre sobre las conductas específicas que podrían ser objeto de persecución penal en las plataformas sociodigitales.
Foto: Archivo Cuartoscuro
R3D alertó que este tipo de legislación genera un efecto inhibitorio en los usuarios de internet debido al temor y la incertidumbre en el uso del derecho penal, recordando que la SCJN ya declaró la inconstitucionalidad de reformas similares, como el delito de ciberacoso en el estado de Yucatán.
