Un juez federal ha decidido vincular a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La Fiscalía General de la República presentó suficientes datos de prueba para establecer la existencia de un delito y la probable participación del exmandatario. Aguirre Rivero enfrenta una imputación por desaparición forzada de personas, que puede ser sancionada con 40 a 60 años de prisión y una multa de 10,000 a 20,000 días de salario.
La investigación sugiere que Aguirre Rivero ordenó ocultar o destruir grabaciones de cámaras de seguridad que podrían registrar parte de las agresiones y la detención de los normalistas durante la noche de Iguala. La defensa de Aguirre Rivero ha presentado 31 datos de prueba para desacreditar la versión de que el exgobernador recibió y ordenó destruir los videos. El juez ha ratificado la prisión preventiva de oficio y ha fijado un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá el 4 de diciembre próximo.
La Fiscalía General de la República sostiene que Aguirre Rivero instruyó a integrantes de su gabinete y a mandos del Poder Judicial estatal a desaparecer las grabaciones. Uno de los elementos de la investigación apunta también a Ernesto Aguirre, sobrino del exgobernador, a quien se relaciona presuntamente con Guerreros Unidos y con información sobre los hechos ocurridos aquella noche. La defensa de Aguirre Rivero ha cuestionado la entrega de los videos y ha presentado testimonios que contradicen la versión de la Fiscalía.
