La acusación presentada el miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, detalla un esquema sistemático de corrupción en la entidad con una red de funcionarios y mandos de seguridad presuntamente integrados a una “narconómina” operada por la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
El documento, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, incluye al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al exvicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”; al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; al exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
La acusación sostiene que la relación entre Rocha Moya y “Los Chapitos” incluyó la intervención directa del grupo criminal en las elecciones de 2021, donde el primero obtuvo la gubernatura. De acuerdo con el expediente, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, habrían ordenado el robo de urnas, la intimidación y el secuestro de opositores, además de operar para asegurar la victoria electoral.
El documento indica que el equipo del entonces candidato proporcionó listas con nombres y direcciones de adversarios políticos, mientras que el día de la elección la Policía Estatal recibió instrucciones de no intervenir ante los reportes de violencia en casillas.
También se describen múltiples reuniones entre Rocha Moya y “Los Chapitos”, resguardadas por sicarios armados, en las que se acordó facilitar el tráfico de drogas y permitir el control de las corporaciones de seguridad.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Nombramientos con el aval de “Los Chapitos”
Según la acusación, tras asumir el cargo, Rocha Moya permitió que “Los Chapitos” influyeran en nombramientos clave dentro del gobierno estatal y gobiernos municipales, así como en las instituciones de seguridad.
Entre los casos señalados por la Fiscalía estadounidense, se encuentra el de Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”, quien habría sido designado jefe de la Policía de Investigación con aprobación del grupo criminal.
También el del actual senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez, quien fungió como secretario general de Gobierno y, de acuerdo con el pliego de cargos, como enlace directo con el cártel; el exsecretario de Finanzas sinaloenese, Enrique Díaz Vega, habría operado como intermediario financiero y político; y Gerardo Mérida Sánchez, durante su etapa como secretario de Seguridad Pública, habría facilitado la protección de las operaciones ilícitas.
La acusación sostiene que este entramado permitió al grupo criminal consolidar su control sobre la Fiscalía estatal, la Policía Estatal y corporaciones municipales, particularmente en Culiacán.
La “narconómina”: pagos mensuales en efectivo
El documento describe un sistema estructurado de sobornos mensuales entregados en efectivo a funcionarios, mediante listas detalladas con montos asignados, lo que correspondería a una “nómina” interna del cártel.
“El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes”, señala la acusación.
Añade que “algunos de los acusados figuraban habitualmente en esta lista porque recibían sobornos mensuales regulares de los Chapitos”.
El documento detalla los siguientes pagos mensuales:
– Gerardo Mérida Sánchez: más de 100 mil dólares mensuales (más de 1.7 millones de pesos).
– Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: aproximadamente 16 mil dólares mensuales cada uno (alrededor de 272 mil pesos).
– Dámaso Castro Zaavedra: cerca de 11 mil dólares mensuales (alrededor de 200 mil pesos).
– Juan de Dios Gámez Mendívil: más de 10 mil dólares mensuales (más de 170 mil pesos).
– José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”: alrededor de 6 mil dólares mensuales (alrededor de 102 mil pesos).
– Juan Valenzuela Millán: alrededor de 41 mil dólares mensuales (alrededor de 697 mil pesos) (con registros individuales de pagos por 30 mil pesos).
En el caso de Rocha Moya, no se detallan montos, si bien la acusación señala que los beneficios incluyeron apoyo político directo para alcanzar y mantener el cargo, mediante financiamiento, manipulación electoral y acciones contra opositores.
La mecánica de los pagos
El documento describe que la distribución de sobornos estaba centralizada en operadores del cártel. “En lo que respecta a los Chapitos, distintos miembros se encargan de pagar esos sobornos”, indica.
Precisa además que un “jefe de plaza” en Culiacán supervisaba tanto el tráfico de drogas como la relación con autoridades corruptas en los distintos niveles de gobierno.
La inclusión en esta nómina no sólo garantizaba protección, sino que funcionaba como mecanismo de control institucional. De acuerdo con la acusación, el mando policial José Antonio Dionisio Hipólito “colocó a otros agentes de policía que figuraban en la nómina de los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa”.
Extorsión a rivales
El expediente también documenta prácticas de extorsión contra laboratorios de metanfetamina de grupos rivales. En ese contexto, se señala que Marco Antonio Almanza Avilés “recolectaba pagos de los laboratorios que fabricaban metanfetamina para narcotraficantes distintos de los Chapitos (…) con el fin de aumentar el costo de su tráfico de drogas y beneficiarse personalmente de dicha actividad”.
Esta práctica, según el documento, fue permitida inicialmente por el grupo criminal “hasta que Iván puso fin a esta práctica en 2020”.
Sobornos vigentes hasta 2026
La acusación ubica la operación de la red de sobornos en un periodo que abarca al menos desde 2012 y hasta abril de 2026, fecha de presentación del documento. Sin embargo, el expediente precisa que la vigencia de los pagos no fue uniforme, sino que dependió del tiempo que cada funcionario se mantuvo en su cargo o en posición de influencia dentro de la estructura señalada.
En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, la acusación sostiene que su presunta participación en la red de asociación delictuosa se mantiene hasta la actualidad en su calidad de titular del Ejecutivo estatal.
Respecto de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, el documento indica que continuó recibiendo pagos mensuales de la facción de Los Chapitos hasta febrero de 2026, prácticamente hasta el cierre del periodo documentado por las autoridades estadounidenses.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, habría recibido sobornos superiores a 100 mil dólares mensuales hasta diciembre de 2024, cuando dejó el cargo.
En el caso de Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal sinaloense, el documento refiere que los pagos en efectivo por parte del cártel se mantuvieron al menos hasta septiembre de 2024.
Para José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la acusación señala que la recepción de sobornos y su colaboración con la organización criminal se extendieron, al menos, durante todo 2024.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas y señalado como enlace con la facción de “Los Chapitos”, habría recibido pagos hasta septiembre de 2024.
La acusación dada a conocer el miércoles sostiene que los acusados utilizaron sus cargos públicos para garantizar la operación de “Los Chapitos”, mediante protección directa, filtración de información estratégica y acciones contra rivales.
