La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación sobre los hechos del 11 de octubre en Guadalajara, cuando una manifestación para exigir agua potable de calidad terminó en enfrentamientos, detenciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza. La protesta había partido de la Glorieta de La Minerva rumbo a Casa Jalisco.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga los hechos del 11 de octubre en Guadalajara, cuando una manifestación para exigir agua potable de calidad terminó en enfrentamientos, detenciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
La movilización comenzó en la Glorieta de La Minerva y se dirigió hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Durante la jornada se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad pública estatal.
Entre los hechos reportados se encuentran el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los participantes, además de detenciones y personas lesionadas. Organizaciones de derechos humanos también denunciaron presuntas agresiones contra periodistas que documentaban la protesta.
La manifestación fue convocada para exigir agua limpia y de calidad ante las quejas de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara por las condiciones del suministro en sus hogares.
El organismo nacional reafirmó su compromiso con la protección del derecho a la protesta pacífica y con la erradicación y sanción del uso de la fuerza y la tortura como mecanismos de represión.
La intervención de las fuerzas de seguridad y las detenciones derivaron en llamados de organismos de derechos humanos para esclarecer lo ocurrido, garantizar la integridad de las personas y determinar posibles responsabilidades.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la CNDH informó que inicia investigaciones sobre los hechos ocurridos el 11 de octubre durante la manifestación por el acceso al agua potable en Guadalajara. En el mismo mensaje reiteró su compromiso con la protección del derecho a la protesta pacífica y la erradicación y sanción del uso de la fuerza y la tortura para reprimirlo.
La investigación de la CNDH llega cuatro días después de la protesta. Hasta el momento, lo que se ha informado es la apertura de la indagatoria y la postura del organismo. Falta por conocer cuántas personas fueron detenidas y en qué situación legal quedaron, cuántas resultaron lesionadas y qué atendieron los servicios médicos, y si las autoridades estatales han entregado informes sobre el operativo.
También falta por determinar si la CNDH emitirá una recomendación y contra quiénes. La protesta dejó dos preguntas abiertas: qué pasó con el agua que motivó la marcha y qué pasó con el uso de la fuerza que la dispersó.
La investigación tiene dos frentes. El primero es el motivo de la marcha: vecinos de la Zona Metropolitana de Guadalajara reclaman agua limpia y de calidad en sus hogares. El segundo es la respuesta del Estado: gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, detenciones y personas lesionadas. La CNDH deberá establecer qué ocurrió en cada uno.
El tercer frente es la prensa. Organizaciones de derechos humanos denunciaron presuntas agresiones contra periodistas que documentaban la protesta. Si se confirman, no se trata solo de un operativo contra manifestantes, sino de un operativo que también alcanzó a quienes lo registraban.
La marcha tenía un destino con destinatario: Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Los manifestantes llevaron su reclamo de agua hasta la puerta del gobierno estatal. La respuesta que encontraron fue la de los elementos de seguridad pública estatal.
