La Cámara de Diputados aprobó ampliar el programa de regularización fiscal para que grandes contribuyentes accedan a estímulos que reducen multas, recargos y gastos de ejecución. La reserva de Morena eliminó el límite de 300 millones de pesos que tenía el programa.
La Cámara de Diputados aprobó una modificación para ampliar el programa de regularización fiscal y permitir que grandes contribuyentes accedan a estímulos que reduzcan multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con créditos fiscales, al eliminar el límite de 300 millones de pesos establecido anteriormente.
La reserva fue presentada por Morena durante la discusión legislativa del 14 de octubre de 2026. De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, la modificación responde a un acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum con el sector empresarial. La propuesta contempla ampliar la cobertura del programa para beneficiar a contribuyentes con adeudos administrados por el Servicio de Administración Tributaria o la Agencia Nacional de Aduanas de México.
La modificación establece que podrán acceder al beneficio personas físicas y morales con créditos fiscales firmes o consentidos, relacionados con contribuciones federales omitidas, aprovechamientos, multas por incumplimiento de obligaciones fiscales y cuotas compensatorias, entre otros conceptos. Es decir, el universo de adeudos que pueden entrar al programa se amplía en monto y en tipo de contribuyente.
Monreal sostuvo que la medida no implica condonar el impuesto principal, sino ampliar el acceso a un programa que permite reducir los cargos adicionales asociados con los adeudos. El impuesto principal no se elimina, no se condona, no se exceptúa, dijo, y precisó que el estímulo previsto, hasta ahora limitado a 300 millones, aplica solo en los accesorios, no en la suerte principal, que es el impuesto. El legislador añadió que el impuesto deberá pagarse completo y que no se otorgarán los estímulos si no existe el pago correspondiente.
Según Monreal, la ampliación podría beneficiar a más de 16 mil grandes contribuyentes, que en conjunto aportan más de dos billones de pesos al erario. Ese es el tamaño del universo que, con la modificación, queda dentro del programa de regularización.
La modificación generó críticas de legisladores de oposición, quienes señalaron que eliminar el límite de 300 millones de pesos amplía los beneficios a empresas y contribuyentes con adeudos fiscales elevados. El diputado del PAN, Federico Döring, afirmó que la medida está dirigida a grandes contribuyentes y cuestionó que también contemple créditos fiscales relacionados con agencias aduanales, cuando hay investigaciones y señalamientos abiertos sobre el llamado huachicol fiscal.
Por su parte, el priista Emilio Suárez sostuvo que la modificación podría contravenir la Constitución y cuestionó que se utilice la figura de estímulo fiscal para reducir obligaciones de pago que ya fueron determinadas por la autoridad. El legislador argumentó que los estímulos fiscales y las condonaciones tienen una naturaleza jurídica distinta, y recordó que en 2020 se reformó el artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos.
La Constitución mexicana prohíbe la condonación de impuestos. El debate legislativo se centra en si la reducción de multas, recargos y gastos de ejecución mediante un programa de regularización fiscal constituye un estímulo permitido o si, por sus efectos, puede considerarse una forma de condonación. Esa es la línea que separa las dos posturas.
Mientras Morena defendió que el impuesto principal seguirá siendo exigible y que el beneficio se limita a los conceptos adicionales, representantes del PAN y del PRI cuestionaron la constitucionalidad y el alcance de la modificación. La discusión pone el foco en las condiciones bajo las cuales los grandes contribuyentes pueden regularizar sus adeudos y en la diferencia entre pagar el impuesto determinado por la autoridad y recibir reducciones sobre las sanciones y cargos asociados.
Queda pendiente ver cómo se aplica el programa con la ampliación, cuántos contribuyentes se acogen a él y si la discusión sobre su constitucionalidad se traslada a otra instancia. Lo aprobado abre la puerta a que adeudos de gran monto entren a la regularización con reducciones en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que el impuesto principal se pague completo.
