“Qué desconocimiento van a tener. Ellos saben perfectamente bien todo. Saben que no estamos mintiendo”. Con esa frase, la activista y defensora de derechos humanos Margarita López Pérez puso sobre la mesa la contradicción central del caso de los 1,600 dientes: los colectivos dicen que las autoridades estuvieron ahí cuando se hizo el hallazgo; las autoridades dicen que no existe una denuncia formal ni registro del caso en los términos difundidos.
López Pérez, fundadora de colectivos de búsqueda, afirmó en entrevista que autoridades federales sí tuvieron conocimiento del hallazgo de restos humanos y piezas dentales registrado durante una búsqueda en un predio de Zacapu, Michoacán. Y cuestionó que actualmente la Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades federales señalen que no existe una denuncia formal relacionada con el caso.
El relato del hallazgo es este: durante trabajos de localización y recuperación de restos humanos en Michoacán, en las inmediaciones de un cerro, observaron una columna de humo proveniente de la parte alta de un predio. Al acudir al sitio, localizaron lo que describió como un espacio utilizado para la incineración, donde encontraron fragmentos de restos humanos calcinados: partes de fémur, de cráneo y de clavículas.
Durante el proceso fueron localizadas varias piezas dentales. De acuerdo con su testimonio, los peritos que participaron en los trabajos identificaron algunas de ellas como dientes de leche y señalaron que correspondían a menores. Al concluir los trabajos, dijo, se contabilizaron aproximadamente 1,600 piezas dentales.
El punto que la activista enfatizó es la presencia de la autoridad en el operativo. “Los que, como le vuelvo a repetir, eran peritos de la Fiscalía General de la República. Iba un Ministerio Público Federal”, afirmó. Explicó que los colectivos de búsqueda no ingresan por cuenta propia a los predios cuando realizan trabajos de recuperación, sino acompañados de autoridades ministeriales y bajo los procedimientos establecidos para el levantamiento y resguardo de restos. “Cuando nosotros ingresamos a un predio, lo hacemos con todos los protocolos que marca la ley”, señaló.
Frente a las declaraciones de autoridades que señalan que no existe una denuncia formal ni un registro del hallazgo en los términos difundidos recientemente, López Pérez rechazó que se trate de desconocimiento: sostuvo que tanto funcionarios como personal ministerial que participó en las búsquedas debieron tener conocimiento de los indicios localizados. “Ellos saben perfectamente bien todo”, reiteró.
La defensora también cuestionó el destino que tuvieron los restos recuperados durante las búsquedas y señaló que, desde su perspectiva, debe existir documentación sobre la cadena de custodia de los indicios. Habló además de otros cuerpos recuperados en diferentes entidades y cuestionó que familiares continúen sin conocer el paradero o la identificación de algunos de esos restos. Afirmó que los colectivos han recuperado miles de cuerpos durante años de labores de búsqueda y sostuvo que las autoridades deben contar con registros sobre cada recuperación y su posterior procesamiento.
Mencionó otros operativos de búsqueda realizados en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Colima, aunque aclaró que existen zonas donde los colectivos no pueden ingresar debido a las condiciones de seguridad.
Del otro lado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades federales han señalado que no existe una denuncia formal o registro pericial en los términos difundidos públicamente sobre las presuntas 1,600 piezas dentales. Por ello, será necesario que las autoridades correspondientes determinen si existe documentación oficial del operativo, qué indicios fueron recuperados, cómo fueron registrados y cuál fue su destino, así como establecer mediante dictámenes periciales la naturaleza y procedencia de las piezas mencionadas.
La activista adelantó que continuará haciendo público el trabajo realizado por los colectivos de búsqueda y aseguró que cuenta con registros de las diligencias efectuadas durante estos años. Entre la versión de quien estuvo en el predio y la de las instituciones que dicen no tener registro, hay una distancia que solo la documentación oficial —si existe— puede cerrar.
