Le dicen “Pensionazo” y funciona así: supuestos gestores contactan a personas mayores y les prometen aumentar el monto de su pensión. A cambio piden dinero por adelantado y documentos personales. La alerta la lanzó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que documentó la modalidad y sus cifras: el engaño ya es un negocio redondo para los defraudadores y una trampa de deudas para las víctimas.
El contacto con las víctimas puede realizarse por redes sociales, llamadas telefónicas o de manera presencial. Facebook concentra 33% de los casos reportados, mientras que las llamadas telefónicas representan 24%. Es decir: más de la mitad de los fraudes empiezan con un mensaje en redes o una llamada.
Los supuestos gestores aseguran que pueden realizar trámites para conseguir un aumento en la pensión. Para eso solicitan información personal y financiera: identificación oficial, CURP, número de seguridad social, correo electrónico y datos relacionados con la AFORE. Con esos datos en la mano, el daño puede ir mucho más allá del pago inicial.
¿Cuánto dinero piden? El Consejo Ciudadano señala que en 81% de los casos reportados las víctimas entregaron dinero como parte de una supuesta gestoría. Las cantidades solicitadas van de 4 mil hasta 70 mil pesos, bajo argumentos como anticipos, gastos de gestión o pagos necesarios para completar el supuesto trámite.
Pero el riesgo no termina con la pérdida económica. En 20% de los casos se identificó que los defraudadores solicitaron préstamos a nombre de las personas mayores, quienes posteriormente enfrentaron deudas cuyos pagos eran descontados de sus propias pensiones. La víctima no solo pierde el dinero del “anticipo”: termina endeudada con cargo a su pensión.
La principal recomendación es de sentido común, pero vale repetirla: ningún trámite legítimo de pensión se hace con un desconocido por Facebook ni por teléfono. El Consejo Ciudadano recomienda que cualquier trámite relacionado con una pensión sea verificado directamente con la institución responsable o la AFORE, utilizando únicamente sus canales oficiales.
Entre las principales recomendaciones están: no entregar documentos personales ni datos bancarios a personas desconocidas; no realizar depósitos anticipados por supuestos impuestos, trámites o gastos de gestión; desconfiar de quienes prometan aumentos garantizados de pensión o resultados rápidos; consultar con una persona de confianza antes de entregar dinero o aceptar algún préstamo; y confirmar directamente con la institución correspondiente la autenticidad del trámite antes de contratar cualquier servicio.
El organismo recuerda que, por regla general, el monto base de una pensión no puede aumentarse simplemente mediante una gestoría, por lo que las promesas de este tipo deben considerarse una señal de alerta.
Para quienes estén en Veracruz y consideren que fueron víctimas de un fraude, hay rutas claras: la denuncia ciudadana se puede realizar a través del 089, y en caso de emergencia o riesgo inmediato, al 911. Si el caso está relacionado con AFORE, pensiones, préstamos, cuentas bancarias u otros servicios financieros, también pueden solicitar orientación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en el número 55 5340 0999.
Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ofrece orientación jurídica y psicológica a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, disponible las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.
Y si ya entregaron dinero o documentos, el consejo es actuar rápido: reportar el caso lo antes posible, conservar comprobantes de pago, mensajes, números telefónicos y cualquier otra evidencia relacionada con el contacto de los supuestos gestores. Si se compartió información financiera, también conviene comunicarse con la institución bancaria o financiera correspondiente para solicitar orientación y tomar medidas de protección. Y sobre todo: no entregar más dinero ni información personal hasta verificar directamente con la institución responsable de la pensión si el trámite ofrecido realmente existe.
