PRI de Veracruz busca quitar el fuero a la gobernadora y secretarios
El PRI en Veracruz anunció que presentará una iniciativa en el Congreso local para eliminar la inmunidad procesal penal de la gobernadora Rocío Nahle y de los secretarios de Estado. Esta propuesta surge como respuesta a la reforma municipal promovida por la gobernadora, que busca retirar el fuero a alcaldes, síndicos y concejales. La dirigencia priista argumenta que, si la justificación es procesar a autoridades municipales electas, la misma lógica debe aplicarse a funcionarios designados por el Ejecutivo.
Adolfo Ramírez Arana, dirigente estatal del PRI, explicó que la iniciativa será presentada por la diputada Ana Rosa Valdés en la próxima sesión legislativa. En una conferencia de prensa, junto a Carolina Gudiño Corro, la dirigencia priista rechazó la reforma municipal y acusó a la gobernadora de utilizar argumentos similares para justificar la eliminación de la inmunidad a los alcaldes. Ramírez Arana advirtió que, si se aprueba la reforma, podría usarse para ejercer presión política contra presidentes municipales de la oposición, incluso en casos de supuestas condiciones de apoyo a Morena.
El líder priista señaló que la modificación constitucional requiere el respaldo de al menos 107 ayuntamientos, por lo que instó a los alcaldes de los partidos de oposición, así como de PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo, a rechazar la iniciativa. Ramírez Arana cuestionó la postura de Morena cuando el Congreso reciba la propuesta, argumentando que se utilizarían los mismos argumentos que la gobernadora empleó para justificar la reforma contra los alcaldes. La dirigencia priista advirtió que, si no hay rechazo unánime, la reforma podría aprobarse y afectar a todas las autoridades estatales.
Esta disputa constitucional refleja un enfrentamiento político en Veracruz, donde el PRI y Morena compiten por el control de la gobernación. La gobernadora Nahle ha defendido su reforma como una medida de transparencia, mientras que el PRI la ve como un intento de debilitar la autonomía municipal y favorecer a la oposición. El resultado de esta batalla legal podría tener repercusiones en las elecciones municipales y en la estabilidad institucional del estado.
