Ataque con coche bomba en Zacatecas debe ser considerado un acto de narcoterrorismo: Cossío

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, advirtió que el uso de un coche bomba contra una comandancia policial en Ojocaliente, Zacatecas, representa un cambio en las formas de comunicación y confrontación utilizadas por grupos criminales, por lo que consideró que el gobierno mexicano deberá determinar si el país entró en una nueva etapa de la lucha contra el narcotráfico.

Durante su participación en Aristegui en Vivo, Cossío sostuvo que el ataque ocurrido en Ojocaliente no debe analizarse como un hecho aislado, particularmente ante los reportes que señalan que durante este año se han registrado diez eventos vinculados con explosivos en Zacatecas, siete de ellos dirigidos contra fuerzas de seguridad.

El ministro en retiro relacionó esta situación con otros episodios recientes de violencia y señaló que se está produciendo un cambio en la forma en que los grupos criminales transmiten mensajes a las autoridades. Entre esos métodos, señaló, están los coches bomba. Recordó que este tipo de ataques se han registrado en otros países y mencionó particularmente el caso de Colombia, donde fueron utilizados tanto en contextos de delincuencia y narcotráfico como en acciones consideradas terroristas.

Cossío sostuvo que la utilización de explosivos tiene una dimensión distinta a otros hechos de violencia contra integrantes de las fuerzas de seguridad: “Las bombas sí tienen una dimensión y tienen un sentido comunicacional completamente distinto”.

Explicó que, desde su perspectiva, el mensaje puede estar dirigido directamente a las autoridades para advertirles sobre las consecuencias de sus acciones frente a los grupos criminales.

“Quiero causar terror a las policías para que sepan ustedes que no estamos de acuerdo con los arreglos o con las formas de intervención o con la manera en que nos traicionaron”, señaló, al enumerar algunas de las posibles motivaciones que podrían estar detrás de estos ataques.

Para el ministro en retiro, el fenómeno muestra una escalada que no se limita a un episodio particular, sino que forma parte de una secuencia de hechos registrados en Zacatecas.

“Estamos en un cambio muy serio, yo creo que sí”, afirmó, y agregó que el reportaje publicado este martes por El Universal sobre el caso, muestra que “este cambio de comunicación no es reciente”. “Ya llevamos siete eventos y para como están las cosas es previsible desafortunadamente que se sigan incrementando los eventos”, dijo.

Cossío planteó distintas hipótesis sobre los mensajes que los grupos criminales podrían estar enviando mediante estos ataques: que las autoridades estén combatiéndolos, que no estén cumpliendo algún acuerdo, que estén ingresando en determinados territorios o que estén protegiendo a grupos rivales.

También cuestionó que las autoridades rechacen calificar como terrorismo los ataques con explosivos y sostuvo que la legislación mexicana establece una definición que no exige un componente político o ideológico.

“Le cuesta mucho trabajo a la presidenta aceptar que esto es terrorismo, pero conforme al Código Penal es terrorismo, el que utilizando instrumentos de diversas, entre ellos explosivos, busque causar terror en la población, pues buscas causar terror en la población”, afirmó.

Ante el argumento de que el terrorismo necesariamente debe perseguir objetivos políticos o ideológicos, Cossío sostuvo que esa característica no forma parte de la definición contenida en el Código Penal mexicano.

Añadió que la legislación se refiere a actos violentos destinados a generar terror entre la población, sin establecer una finalidad política. “Actos en los que se utilizan todos estos elementos violentos para causar terror en la población, eso es terrorismo. Sin decir para qué lo hacen. No está el componente político”, sostuvo.

El ministro en retiro consideró que existe una asociación histórica entre el concepto de terrorismo y organizaciones políticas o movimientos armados, pero advirtió que esa visión no comprende todos los fenómenos que pueden ser considerados terroristas. “Entonces yo creo que sí estamos ante un caso”, afirmó.

A su juicio, reconocer la naturaleza de estos hechos también tiene consecuencias para México. Entre ellas mencionó posibles efectos económicos y turísticos, así como la activación de mecanismos relacionados con el derecho internacional. También sostuvo que una calificación de esta naturaleza podría tener implicaciones en materia de inversión extranjera directa.

Cossío retomó además una discusión que, dijo, ha sido planteada desde hace años por instituciones académicas y especialistas: si la situación de violencia que atraviesa México puede ser considerada un conflicto armado interno.

Explicó que una eventual consideración de México bajo esa categoría tendría consecuencias en materia de protección a la población, como la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja y la aplicación de mecanismos de protección para la población civil.

El ministro en retiro insistió en que el ataque de Ojocaliente debe analizarse dentro de una transformación más amplia de la violencia criminal y consideró que el gobierno mexicano deberá asumir una posición frente a la naturaleza de estos ataques.

“Y ahí sí yo creo que el gobierno va a tener que hacer una determinación muy seria, de decir: ‘esto que estamos viendo es narcoterrorismo’. Lo tienes que nominar, porque no puedes seguir diciendo, ‘bueno, es un bombazo’, ¿como bombazo? Oigan, no es un bombazo, es un grupo de personas que pusieron un coche bomba, muy bien equipado”, sostuvo.

Cossío hizo referencia a la utilización de elementos destinados a incrementar el efecto de las explosiones y recordó métodos empleados históricamente por organizaciones criminales y terroristas. “Le ponen tornillería, todo lo que hemos visto desde ETA, todo lo que se ponía en las cajuelas de los autos, que le ponen tornillos para que tengan un factor de metralla, en fin, todas esas cosas que se han visto muchísimo, pues lo hicieron en ese sentido”, explicó.

El jurista señaló que el impacto del ataque trasciende a los policías que eran el objetivo aparente de la acción, debido a que ocurrió frente a una comandancia ubicada en una zona con viviendas y actividad pública.

Relató que recientemente participó en una sesión extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina en la que se analizaron las condiciones médicas, jurídicas y éticas asociadas con situaciones de violencia de carácter bélico. Explicó que incluso desde el ámbito médico existen diferencias entre las lesiones ordinarias y las producidas en escenarios de guerra.

A partir de ello, sostuvo que no solo las instituciones de seguridad, sino también los sistemas médicos y jurídicos deben contar con herramientas adecuadas para enfrentar fenómenos de esta naturaleza: “Entonces, desde la preparación de los médicos, las definiciones jurídicas, las definiciones éticas de los hospitales, tienes que hacer una representación distinta de los fenómenos para saber cómo los atacan”, explicó.

Consideró insuficiente analizar estos hechos únicamente como actos cometidos por delincuentes aislados, pues, a su juicio, la magnitud y las características de la violencia requieren otra aproximación. Por ello, planteó la necesidad de una revisión conceptual y jurídica que permita generar instrumentos para enfrentar el fenómeno.

“Todo eso me parece que sí necesita una reconfiguración teórica, o al menos para poder enfrentar, encapsular el fenómeno”, sostuvo.

Advirtió que evitar una definición precisa de lo que está ocurriendo limita la capacidad institucional para responder. “Si no nominas y no empiezas a hacer la reconstrucción jurídica, pues entonces no tienes herramientas, ni tú te generas las herramientas para enfrentar los fenómenos”, concluyó.