La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha implementado nuevas reglas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ampliando la supervisión a familiares y socios de políticos y funcionarios. El objetivo es cerrar el cerco sobre el uso de prestanombres y esquemas de ocultamiento de capitales de procedencia dudosa.
La medida considera como personas políticamente expuestas (PEP) a quienes ocupan o hayan ocupado cargos públicos de alta relevancia en México o en otros países, incluyendo a funcionarios, líderes políticos, integrantes de gobiernos, autoridades judiciales o militares y directivos de empresas estatales. También se incluye a cónyuge, concubina o concubinario y familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como a socios y asociados e empresas con las que los funcionarios mantengan vínculos patrimoniales. La clasificación como PEP se mantiene durante el año posterior a dejar el cargo para los políticos y funcionarios mexicanos.
La supervisión ya no es únicamente responsabilidad del sector bancario, sino que también incluye a establecimientos que realicen actividades vulnerables, como inmobiliarias, casinos, joyerías, comercializadoras de arte, notarías y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos. Estos negocios deberán aplicar un Enfoque Basado en Riesgo para identificar a los clientes y documentar el origen de los recursos, y reportar movimientos inusuales de forma directa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca prevenir que la compra de bienes lujosos o activos inmobiliarios se utilice para blanquear dinero de origen ilícito.
